La OCU insta al Banco de España a sancionar a las entidades que nieguen el reembolso automático

La digitalización de los pagos facilita las compras y las gestiones online ante la administración, al tiempo que permite tener un control actualizado de los gastos. Pero  advierte de la ciberdelincuencia y su uso para recopilar datos de los compradores.

OCU recuerda que la Autoridad Bancaria Europea no solo define como fraudulentas las transacciones de pago no autorizadas, también aquellas en las que se manipuló al pagador para admitir una orden de pago. Es más, el propio Código Civil, en su artículo 1.265 y siguientes considera que el consentimiento será nulo si se presta por error. En definitiva, ningún pago que se realice bajo los efectos de un engaño podrá ser considerado autorizado.

 OCU exija al Banco de España que sancione a aquellas entidades financieras que, una vez informadas del fraude, nieguen el reembolso automático del dinero sustraído. La Organización considera que la carga de la prueba no debe recaer en el consumidor, sino en los proveedores de servicios de pago, que son quienes tienen las herramientas para prevenir y limitar los fraudes, como la verificación del IBAN con el nombre del beneficiario o los protocolos KYC.

Además, OCU exige que los propios proveedores de servicios de pago estén obligados a informar activamente a los consumidores sobre sus derechos y los procedimientos para impugnar una eventual y posterior decisión negativa sobre el reembolso. Del mismo modo que deberán estar obligados a participar en la resolución alternativa de litigios y acatar el resultado.

Por último, OCU apuesta por la colaboración activa de todos los actores involucrados de una u otra manera en este tipo de fraudes: las plataformas online y las redes sociales (desde donde se lanzan muchos de estos engaños), los operadores de telecomunicaciones (como gestores de los canales de comunicación), las asociaciones de consumidores (por su capacidad para identificar los problemas y lanzar campañas de información para proteger a los afectados), la propia Administración (por su poder legislativo y de control) y, obviamente, las entidades financieras, tanto bancos como los proveedores de los servicios de pago.