El Pleno del Senado votará este miércoles la ley de multirreincidencia para endurecer la regularización de migrantes

El Pleno del Senado votará este miércoles la reforma penal impulsada por Junts para endurecer el castigo a la multirreincidencia, después de que la Comisión de Justicia de la Cámara Alta haya aprobado el dictamen del texto con varias modificaciones introducidas por PP, Vox y PSOE.

La iniciativa, que pretende aumentar las penas para delincuentes reincidentes, continúa así su tramitación parlamentaria tras incorporar diversas enmiendas durante su paso por el Senado. Además, en el Pleno se debatirán y votarán las enmiendas que han quedado pendientes tras la comisión.

Al haberse introducido cambios durante su tramitación en la Cámara Alta, la norma deberá volver posteriormente al Congreso de los Diputados, que tendrá que decidir si valida o rechaza las modificaciones incorporadas por el Senado.

En este sentido, Vox propuso la modificación del régimen de sustitución de penas por la expulsión aplicable a los ciudadanos extranjeros, aunque esta enmienda finalmente fue rechazada en la Comisión de Justicia y se volverá a debatir este miércoles.

Asimismo, Coalición Canaria (CC) registró una enmienda aprovechando la tramitación de esta ley para otorgarle más competencias al Cuerpo de Policía Canaria, aunque finalmente se ha rechazado por parte de la Mesa del Senado.

ENMIENDAS INCLUIDAS

En cualquier caso, los 'populares' hicieron uso de su mayoría absoluta en el Senado para introducir una enmienda que busca evitar que haya migrantes con antecedentes policiales que se beneficien de la regularización masiva que ha aprobado recientemente el Gobierno.

Una de las enmiendas del PP, que se ha incorporado al texto, modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social --conocida comúnmente como Ley de Extranjería-- introduciendo un nuevo artículo "con el objetivo de reforzar las garantías frente a la impunidad y la seguridad en España".

Según defiende el PP, "la multirreincidencia no puede combatirse eficazmente si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales relevantes, obtenidos en otros Estados o no debidamente contrastados, accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control efectivo".

Por ello, plantea que todas las autorizaciones de residencia precisarán que solicitante no tenga antecedentes penales y que no sea sujeto de una pendencia penal suficiente en España o en los países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español.

Asimismo, los 'populares' proponen que se deniegue la solicitud de estancia o residencia cuando el solicitante haya sido condenado ejecutoriamente como reincidente, mientras que proponen que para la apreciación de una posible amenaza para el orden público o la seguridad ciudadana, la Administración recabará informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por último, añaden un punto que recoge que los procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión o retorno iniciados por el resto de las causas previstas anteriormente no se suspenderán en ningún caso por una solicitud de estancia o residencia.

En el caso de Vox, incluyeron una enmienda que hace referencia a que en el plazo de seis meses contados desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno "suscribirá acuerdos multilaterales y bilaterales con otros Estados, y promoverá la aprobación de las normas apropiadas en el ámbito de la Unión Europea, al efecto de que la expulsión de delincuentes reincidentes del territorio español y su entrega a jurisdicciones extranjeras lleve consigo el cumplimiento en dichas jurisdicciones de las penas a las que les hayan condenado los tribunales españoles".

EL PSOE INCIDE EN EL PETAQUEO

En su tramitación en el Congreso, PP, PNV y Junts acordaron una enmienda 'in voce' en la que se establece una pena de prisión de uno a cinco años a por el llamado 'petaqueo' que resta apoyo logístico a las narcolanchas al castigarse "la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos" contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.

El PP también incorporó una enmienda sobre este tema, además de otra para aumentar las plantillas de fiscales, aunque el PSOE ha introducido un cambio para incluir un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico para elevar las penas en aquellas defraudaciones que estén vinculadas a los delitos de cultivos 'indoor' de marihuana, donde frecuentemente se comete el fraude de suministro eléctrico.