Reclaman una norma estatal que garantice que las actividades extraescolares sean gratis en colegios públicos

La diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre la garantía de igualdad de oportunidades en las actividades extraescolares y complementarias en el sistema educativo público, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deporte.

La iniciativa insta al Gobierno a garantizar, mediante un marco normativo estatal, la gratuidad efectiva de las actividades complementarias y extraescolares organizadas dentro de los centros educativos públicos, de forma que ningún alumno quede excluido por razones económicas.

También reclama un fondo específico y estable, transferido a las comunidades autónomas, para financiar las actividades extraescolares y excursiones escolares en centros públicos, asegurando una distribución justa que atienda a la diversidad territorial y social.

Asimismo, pide al Gobierno que impulse programas de becas o ayudas directas a las familias para actividades complementarias y extraescolares, priorizando aquéllas en situación de vulnerabilidad económica o social.

Compromís quiere que el Ejecutivo promueva convenios con ayuntamientos y entidades locales para reforzar la oferta de actividades culturales, deportivas y educativas gratuitas o subvencionadas, facilitando también el uso de instalaciones públicas fuera de hora escolar.

La formación quiere que se reconozca el valor de las actividades extraescolares como herramienta de conciliación familiar y laboral, integrando esta perspectiva en el diseño de políticas públicas de educación e igualdad.

Además, exige que se asegure la inclusión y accesibilidad universal de las actividades extraescolares y complementarias, adaptándolas a la diversidad funcional, cultural y social del alumnado, y promoviendo su participación en condiciones de igualdad.

Por último, insta al Gobierno a establecer mecanismos de transparencia y control para garantizar que los centros educativos disponen de los recursos necesarios y que las familias no deben asumir ningún coste que comprometa la igualdad de oportunidades.