La reducción de la jornada laboral se aprobará mañana en un nuevo Consejo de Ministros

La reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas se aprobará mañana en un nuevo Consejo de Ministros en el que se incluirá los temas previstos inicialmente para hoy, después del apagón que sufrió ayer el país, según ha podido saber Europa Press en fuentes del Ministerio de Trabajo.

Estas mismas fuentes han indicado que la reunión del Consejo de Ministros de este martes se ha centrado en analizar la situación creada tras el corte ocurrido ayer en el suministro eléctrico y las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para recuperar la normalidad.

Por ello, el Gobierno ha convocado para mañana una nueva reunión del Consejo de Ministros en el que se abordarán los temas que se preveían para este martes antes de la crisis energética sufrida ayer en el país.

Por su lado, la aprobación del nuevo Perte para la industrialización de la vivienda, que supondrá una inversión pública de 1.300 millones de euros en 10 años, también se pospondrá para mañana, según han confirmado fuentes de Vivienda a Europa Press.

Esta inversión, que forma parte de las 12 medidas anunciadas en enero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mejorar la accesibilidad a la vivienda, busca "construir más y mejores viviendas, hacerlo de manera más rápida y a precios más asequibles".

Con ella, el Ejecutivo quiere que se construyan 15.000 viviendas industrializadas de media al año para llegar a las 20.000 anuales dentro de una década, así como reducir los tiempos de edificación entre un 20% y un 60%.

LA REBAJA DE JORNADA VUELVE PARA SER APROBADA COMO PROYECTO DE LEY

La rebaja de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, volverá así a pasar mañana miércoles por el Consejo de Ministros, esta vez para su aprobación como proyecto de ley, antes de enviarla al Congreso, donde el Gobierno espera atar los apoyos suficientes para sacarla adelante.

La llegada del texto acordado entre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT a la mesa del Consejo de Ministros se produce más de dos meses después de que fuera aprobado como anteproyecto de ley, una vez recibidos los informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES).

Además, esta segunda vuelta de las 37,5 horas en el Consejo de Ministros tendrá lugar un día antes de la celebración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en el que precisamente la puesta en marcha de la rebaja de jornada será una de las reivindicaciones más importantes de los actos convocados por CCOO y UGT.

Esta circunstancia no ha pasado desapercibida para CEOE, que ha considerado que llevar las 37,5 horas al Consejo de Ministros en la antesala del 1 de mayo es de un "evidente oportunismo político". La patronal sigue mostrándose beligerante con la imposición por ley de la reducción de la jornada.

Trabajo calcula que unos 12 millones de trabajadores se verán beneficiados de la reducción de jornada cuando ésta entre en vigor.

En concreto, según el Departamento que dirige Yolanda Díaz, los colectivos más beneficiados por esta medida serán los trabajadores no cubiertos por convenios colectivos, que pueden verse sometidos a una jornada laboral similar a la de los últimos más de cuarenta años (40 horas semanales) y que se presentan con mayor intensidad en sectores como hostelería, comercio, agricultura o servicios.

La rebaja de jornada a 37,5 horas semanales es fruto del acuerdo firmado en diciembre por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, del que se excluyeron CEOE y Cepyme, al considerar que la jornada laboral debe fijarse mediante negociación colectiva.

Para Trabajo, la rebaja de jornada en sí no es lo más importante del proyecto, sino que considera que la medida estrella es la reformulación del control horario, que se deberá tener lista en seis meses desde la entrada en vigor de la ley.

Este registro horario será digital e interoperable, y la Inspección de Trabajo podrá saber en tiempo real qué jornada hace cada trabajador.

El objetivo es que el registro de la jornada sea "objetivo, fiable y accesible", y deberá cumplir con ciertos requisitos: registro personal y directo del trabajador al inicio y final de cada jornada, identificación inequívoca de la persona que registra los datos y formato legible, tratable y compatible que permita el acceso inmediato por parte de trabajadores, representantes legales e Inspección.

Además, la empresa deberá conservar los registros durante cuatro años, durante los cuales estarán disponibles para consulta.

El proyecto de ley también incluye el derecho irrenunciable a la desconexión digital, para que ningún trabajador tenga que responder llamadas o correos fuera de su jornada.

Trabajo quiere que la norma se publique en el BOE lo antes posible, con un plazo de adaptación para las empresas. Los convenios con jornadas superiores a 37,5 horas tendrán hasta el 31 de diciembre para ajustarse.

ENDURECIMIENTO DE LAS SANCIONES: MULTAS DE HASTA 10.000 EUROS

De acuerdo con el proyecto de ley, las empresas que incumplan el registro horario o la jornada máxima serán multadas con hasta 10.000 euros por trabajador.

Esto representa un endurecimiento de las sanciones actuales, por dos vías: multas individualizadas por trabajador y un aumento del importe, que pasa de 7.500 a 10.000 euros en el grado máximo.

Así, el incumplimiento de las normas sobre jornada laboral, horas extra, descansos, vacaciones o permisos se sancionará con:

• Grado mínimo: 1.000 a 2.000 euros
• Grado medio: 2.001 a 5.000 euros
• Grado máximo: 5.001 a 10.000 euros

Y DESPUÉS, LA NEGOCIACIÓN PARLAMENTARIA

Tras su aprobación, el proyecto pasará al Congreso, donde se anticipa una tramitación compleja. El Gobierno negocia ya con sus socios, pero Junts podría dificultar el proceso, especialmente por la oposición de la patronal catalana Fomento del Trabajo.

CCOO y UGT han advertido que presionarán a los partidos para que no desnaturalicen el acuerdo durante el debate parlamentario.

Por su parte, la CEOE insiste en que se evalúe el impacto económico de imponer la jornada por ley y en que se recojan sus propuestas durante el trámite parlamentario.