La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, uno de los grandes retos de 2026

Las asociaciones de discapacidad y dependencia comienzan el nuevo año 2026 con la vista puesta en la aprobación definitiva de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que superó su primer examen en el Congreso este mes de diciembre, y que traerá consigo el fin de las incompatibilidades, el derecho a la teleasistencia o el reconocimiento automático de la discapacidad al ser reconocido el grado de dependencia.

"Cerramos 2025, que ha sido el primer año donde ya ha regido el nuevo artículo 49 de la Constitución, primera reforma social que anclaba los derechos de las personas con discapacidad en el modelo social y en el modelo de derechos humanos. Y siempre dijimos que no tenía que ser un puerto de llegada, una estación de destino, sino de partida", ha explicado el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez.

Según precisa Pérez, "lo más urgente" era que el nuevo artículo diera pie a "una renovación amplia, profunda, ambiciosa, transformadora de la legislación sobre discapacidad" que, en el ámbito del Estado, es la reforma de la Ley General del Derecho de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

"En eso se ha trabajado en el año y, finalmente, vimos que entró el proyecto de ley después de muchos meses de tramitación en el Congreso de los Diputados a finales de julio, y que ya también en diciembre hubo enmiendas a la totalidad, debate de totalidad y los primeros escollos parlamentarios se superaron", celebra Cayo.

Ahora, el texto está ya en fase de enmiendas parciales que se abordarán junto con el debate, y Pérez espera su "aprobación en el primer trimestre del año 2026", al menos con el mismo consenso que consiguió la reforma del artículo 49. "Confiemos en que haya legislatura suficiente y, también apelamos, como siempre hemos hecho, al acuerdo, al consenso", añade Pérez.

En concreto, fue el pasado 11 de diciembre cuando el Pleno del Congreso dio luz verde a la toma en consideración de este Proyecto de Ley, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras rechazar una enmienda a la totalidad presentada por Junts, con la que proponía devolver el texto al Gobierno. Todos los grupos parlamentarios votaron en contra de esta enmienda, excepto PP y Vox que se abstuvieron.

Durante el debate, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguró que la esta es "una ley de país, construida con el empuje, el conocimiento y el talento de las organizaciones sociales"; e hizo un "reconocimiento y agradecimiento explícito" a asociaciones como CERMI, CEOMA, ONCE, Consejo General de Trabajo Social, Plataforma de mayores pensionistas, Plena Inclusión, Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, entre otras.

El ministro apeló al consenso político y aseguró que el proyecto contará "con la financiación necesaria para ser viable y salir adelante", mientras los grupos parlamentarios advirtieron de que podía quedar en "papel mojado" sin financiación.

El texto legislativo prevé la incorporación de más servicios y prestaciones al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012, además de eliminar el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

También establece la teleasistencia como un derecho, amplía la ayuda en el domicilio y permite compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema. A su vez, incorpora medidas para desburocratizar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad, como la eliminación de cargas administrativas al equiparar automáticamente la dependencia a la situación de la discapacidad.

"Seguiremos trabajando para ver que esta reforma sea un hecho y una realidad", ha insistido el presidente del CERMI. Si bien, ha aclarado que esto no es solo una cuestión del Gobierno central y ha pedido que se actualicen también las leyes autonómicas en esta materia. Además, ha denunciado que "hay todavía comunidades autónomas que no tienen una ley específica".

Se elimina el despido automático por incapacidad permanente

Por otro lado, el presidente del CERMI ha puesto en valor que en 2025 se ha aprobado definitivamente el Proyecto de Ley para reformar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social con el fin de eliminar el despido automático de las personas que acceden a la situación de incapacidad permanente.

"Ha sido una importante modificación para acabar con una práctica nociva, discriminatoria, que era la expulsión del mercado de trabajo, pasando a ser pensionistas, de los trabajadores que adquirían una discapacidad --estando activos-- por una enfermedad, por un accidente, por cualquier cuestión de salud, física o mental", destaca.

Además, Pérez añade que están "presionando" al Gobierno para que en 2026 aborde otro mandato de esta ley: la compatibilidad entre trabajo y pensión. "Que se module pensión y salario para que sea atractivo seguir trabajando y no ocurra como ahora, que si trabajas no tienes derecho a pensión y si tienes derecho a pensión no puedes trabajar", explica.

"Grandes déficits": retrasos en la valoración del grado

Por otra parte, el presidente del CERMI lamenta que el 2025 ha sido un año en que "persisten grandes déficits y problemas" que "la gente con discapacidad vive con angustia", como "la tardanza y los retrasos —en algunos casos de años— en la valoración del grado de discapacidad", algo que depende de las comunidades autónomas.

"La situación sigue siendo muy problemática en distintas comunidades autónomas y venimos exigiendo un plan de choque. Algunas comunidades lo han hecho, alguna reducción de plazos se está produciendo, pero muy lentamente", advierte Pérez. En concreto, denuncia que en comunidades como "Canarias, Extremadura o Andalucía" las personas con discapacidad esperan hasta "dos años y medio" para obtener el grado que les corresponde, cuando la ley establece un plazo máximo de seis meses.

"Esa es la puerta de entrada al sistema de ayudas, de medidas de acción positiva, de beneficios, bonificaciones y si no tienes esa acreditación pues estás a la intemperie", avisa.

Asimismo, señala que el Gobierno está haciendo una evaluación del nuevo baremo de discapacidad que entró en vigor en 2023 y que deberán ver, aparte de los plazos, "si el nuevo baremo ha tenido efectos perjudiciales o no en cuestiones de sensibilidad a la discapacidad, qué grado de discapacidad, si es más generoso, si es más restrictivo".

Entre otros asuntos "inquietantes" de cara al 2026, el presidente del CERMI también advierte de un "frente preocupante en la Unión Europea" con "una tendencia antisocial o muy poco social" en medio de la cual se "está replanteando la continuidad del Fondo Social Europeo" como se conocía. "Esto es preocupante porque las políticas de rearme o de militarización están llevando a reducir aún más el escaso peso que tenía lo social, la discapacidad, en las agendas globales de la UE", lamenta.