El salario de los funcionarios sube hasta un 2% este 2026

El salario de los más de 3,5 millones de trabajadores públicos se revalorizará en un porcentaje fijo del 1,5% en 2026, un incremento salarial que tendrá efectos desde este 1 de enero de 2026, y que podrá elevarse otro 0,5% si la inflación a final de año iguala o supera la subida fijada para ese ejercicio.

Así lo firmaron el Ministerio de Función Pública, UGT y CSIF —a los que CCOO se sumó posteriormente— como parte del Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, que recoge una revalorización salarial del 11% para el periodo 2025-2028.

En 2025 se establece para el sector público una subida salarial consolidable del 2,5% respecto al año anterior. Para 2026, la subida será del 1,5%, a la que se añadirá medio punto adicional si la inflación a final de año iguala o supera ese 1,5%. En ese caso, el 0,5% extra se abonaría en el primer trimestre de 2027, con efectos retroactivos.

El incremento de 2026 será el único que contará con una parte fija y otra variable; el resto serán exclusivamente fijos. De este modo, la subida prevista para 2027 será del 4,5% y para 2028 del 2%.

Aunque la subida pactada para el periodo 2025-2028 es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre, el aumento salarial acumulado podría alcanzar el 11,5%.

La subida de 2026 está garantizada tras la convalidación en el Congreso del decreto ley que revaloriza el salario de los funcionarios para 2025 y 2026, con el voto en contra de Vox, la abstención de Junts y el apoyo del resto de grupos parlamentarios.

El decreto regula los aspectos indispensables para aprobar, con efectos de 1 de enero de 2025, el incremento retributivo del personal del sector público, así como el correspondiente a 2026, y es aplicable a todas las Administraciones públicas: estatal, autonómica y local. En el sector público estatal, la subida de 2025 se abonará en diciembre, incluyendo los atrasos desde enero.

Las Administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos de 2025 en el marco de la negociación sindical, pudiendo distribuirse entre 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en diciembre de 2025.

FUNCIÓN PÚBLICA PREVÉ APROBAR LAS 35 HORAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

Además, el Ministerio de Función Pública se ha comprometido a iniciar en enero la negociación para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de que entre en vigor entre febrero y marzo, según UGT.

Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a regular el teletrabajo, cuestión que se abordará en la Mesa General de Negociación de la AGE. Ambas medidas forman parte del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado en octubre de 2022.

Función Pública ha constituido también la comisión de seguimiento del último Acuerdo Marco firmado con UGT, CSIF y CCOO, que incluye mejoras laborales como la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y el refuerzo de las plantillas de atención al público.

El acuerdo contempla además la adaptación de la clasificación de puestos de trabajo a las funciones reales, el impulso de procesos diferenciados de promoción interna, el fortalecimiento de los concursos de méritos, la revisión de complementos de residencia e insularidad, mejoras en conciliación, protección de la salud laboral, jubilación, así como el refuerzo de la calidad sanitaria del mutualismo administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).