El Supremo propone juzgar a Ábalos, a Koldo y a De Aldama por los contratos de mascarillas

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto juzgar al exministro José Luis Ábalos, al exasesor ministerial Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia, al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

El instructor considera que los tres "se concertaron, muy poco después de tomar posesión el primero de su cargo como ministro del Gobierno de España, para, aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos" que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, aprovechando en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar valiéndose de dicha influencia.

Así consta en un auto dictado este lunes y recogido por Europa Press, en el que el instructor da diez días de plazo a la Fiscalía y a las acusaciones populares —lideradas por el PP— para que presenten sus peticiones de archivo o escritos de acusación, así como la práctica de diligencias complementarias.

Puente ha dado este paso después de que el pasado septiembre decidiera dividir la causa, dejando en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicando la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

En aquel momento, el magistrado advirtió que la parte de la investigación sobre obras públicas estaba en fase “muy incipiente”, mientras que la relacionada con los contratos de mascarillas estaba muy avanzada, siendo previsible “la pronta terminación de la fase de instrucción” correspondiente a esa parte principal.

Ahora, el instructor sostiene que "existen muy consistentes indicios" de que De Aldama hizo entregas de dinero a José Luis Ábalos y Koldo García, con el propósito de que "efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos".

De igual forma, asegura que también hay indicios de que Ábalos y Koldo “recibieron dichas retribuciones económicas” en ejecución del “proyecto delictivo que a todos les unía”, y como contraprestación a dichas conductas desleales.

Según Puente, en esta presunta trama De Aldama estaba encargado de localizar empresas o particulares dispuestos a pagar para contratar con la Administración, obteniendo por ello un beneficio económico.

Por su parte, Koldo García, aprovechando su condición de asesor del ministro y la confianza absoluta de éste, se encargaba de realizar las gestiones necesarias, reservando la intervención directa del ministro para los casos en que su firma o influencia fueran indispensables.