Trabajo inestable y difícil acceso a la vivienda: el desafío de ser migrante en zonas rurales

Precariedad laboral, segregación ocupacional, dificultad de acceso a la vivienda y escasa participación en la vida pública, son algunos de los aspectos que dificulta la integración de las personas migrantes en las zonas rurales.

Así se desprende del estudio 'Racismo estructural en el ámbito rural: un análisis sociológico de sus dinámicas y consecuencias', realizado por la ONG de acción social Coceder con financiación el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El estudio ha analizado cómo se percibe y se manifiesta el racismo estructural en el medio rural español, centrándose en personas racializadas y en los grupos étnicos con mayor presencia en nuestras comarcas, cuyos procesos de discriminación suelen quedar invisibilizados por marcos analíticos diseñados desde entornos urbanos.

La investigación ha combinado técnicas cuantitativas y cualitativas, con 64 entrevistas a profesionales, líderes asociativos y personas racializadas, así como 13 grupos de discusión. Se llevó a cabo en seis comarcas rurales en las que hay presencia de CDR asociados: El Bierzo (Afa Bierzo), Carrión de los Condes (CDR Carrión de los Condes), Bajo Carrión-Ucieza (CDR Carrión y Ucieza), Verín (Portas Abertas), Alt Maestrat (CDR Alt Maestrat) y La Safor (CDR La Safor). La mayoría son territorios de interior con orografías complejas y déficits estructurales que condicionan la vida cotidiana.

El análisis global revela un escenario marcado por la "vulnerabilidad estructural" de las personas migrantes y gitanas, atravesada por precariedad laboral, segregación ocupacional, dificultad de acceso a vivienda y limitadas oportunidades de movilidad social.

La división de género refuerza desigualdades previas y las mujeres migrantes se concentran en cuidados y limpieza —el perfil más expuesto a vulnerabilidad—, mientras que los hombres se insertan en hostelería, agricultura o construcción, casi siempre en posiciones subordinadas..

Esto se combina con un sistema institucional que profundiza la "distancia entre ciudadanía y derechos". Como ejemplo de ello, el informe menciona la lentitud de los trámites, citaciones demoradas, falta de información clara y una dependencia excesiva de las ONG como mediadoras.

"La administración opera, así, como un campo opaco que reproduce desigualdades en lugar de corregirlas. En el plano participativo, la exclusión es especialmente visible", ha añadido.

Respecto a la participación de personas migrantes y gitanas en asociaciones o espacios comunitarios sigue siendo "muy baja debido a barreras estructurales, culturales y simbólicas". La esfera pública queda así prácticamente reservada a la población autóctona, mientras que muchos migrantes limitan su participación a ámbitos religiosos o de apoyo emocional.

La población gitana, además, se enfrenta a dinámicas de clientelismo electoral que debilitan su incidencia política real. La fragilidad del tejido asociativo y la escasez de recursos públicos refuerzan esta desconexión.

Jerarquías internas entre colectivos racializados

El estudio también identifica jerarquías internas entre colectivos racializados, determinadas por el idioma, el país de origen, la religión o la etnia, mostrando cómo las distintas formas de discriminación se superponen y operan simultáneamente.

Ante esto, los autores del estudio consideran que las políticas "antidiscriminatorias, diseñadas desde lo urbano, no responden a las características del medio rural, donde las relaciones cara a cara y la pertenencia comunitaria tienen un papel determinante".

Entre sus recomendaciones destacan reforzar la sensibilización y formación del personal técnico y la ciudadanía, fortalecer la colaboración con universidades, consolidar procesos comunitarios participativos, impulsar el trabajo en red para la defensa de derechos y promover buenas prácticas, especialmente a través de la juventud y la comunicación digital.