Del total de incidentes en Castilla y León, 217 lo fueron en Atención Especializada, mientras que 142 se registraron en Primaria y uno en Emergencias. El 95 por ciento de ellos se produjeron en el centro de trabajo, un 2 por ciento en la vía pública y un 3 por ciento en casa del paciente.
El registro oficial señala además que hubo 432 trabajadores agredidos, de los que 275 lo fueron en los hospitales y centros adscritos (aumento del 31 % con respecto a 2012), 156 en los centros de salud y uno en Emergencias. Del total de agresiones, 140 fueron a facultativos, 168 a personal de enfermería, 62 a técnicos auxiliares de enfermería, 18 a celadores y 49 otro personal (odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, administrativos, etcétera).
Otro dato del registro revela que 352 de los agredidos fueron mujeres y sólo 80 hombres. Del análisis de la plantilla total de Sacyl se deduce además que el año pasado fueron agredidos el 0,88 por ciento de los hombres y el 1,29 por ciento de las mujeres.
En el caso de las agresiones físicas, se ha observado un aumento de las acciones violentas tanto en los hospitales como en Atención Primaria. Un total de 44 de ellas se registraron en los servicios de Psiquiatría, 21 en Urgencias, ocho en Medicina Interna, seis en consulta y 19 en otros lugares, incluida la calle o el domicilio del paciente.
Sobre las posibles causas que desencadenan la acción violenta, un 30 por ciento se refiere a discrepancias con el criterio asistencial del profesional -bajas laborales, petición de pruebas, prescripción de medicamentos-, seguido de un 22 por ciento por disconformidad en el trato, un 26 por ciento por descompensación psíquica o un 11 por ciento por drogadicción y alcoholismo.
Medidas de futuro
Dentro de las medidas para prevenir agresiones, la Gerencia Regional de Salud ha elaborado una nueva relación de centros en los que se han producido al menos dos agresiones en Atención Primaria, con un total de 43 –seis menos que en 2012-, de los que 20 se mantiene de listados anteriores y 23 son nuevos.
Del grupo de trabajo creado en 2013 en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para analizar la situación a nivel nacional y proponer medidas, destacan entre las conclusiones la necesidad de desarrollar convenios de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Por último, la auditoría realizada por la Inspección General de Servicios de la Junta de Castilla y León a propuesta de la Gerencia Regional de Salud ofrece buenos resultados en cuanto al cumplimiento de los protocolos, aunque destaca la necesidad de mejorarlos en lo que se refiere a la investigación de las agresiones o la incoación de expedientes sancionadores.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios