El pasado 26 de agosto el pleno del Ayuntamiento de Castrillo de la Guareña adoptó un acuerdo de rechazo de la obligatoriedad de contratar un tesorero con habilitación nacional. El Alcalde de la Corporación, Diego Gallego Olea, incluyó en el orden del día del pleno este punto para su aprobación alegando contradicción en el propio espíritu de la ley que se denomina de racionalización y sostenibilidad ya que supone un gasto añadido para el que no existe contrapartida económica. Textualmente uno de sus objetivos básicos es “racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera”.
“Los ayuntamientos con esta medida se ven abocados al incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, con lo que más parece una medida encaminada a la desaparición de Entidades locales de escasa población, sin tener en cuenta que la mayor parte de ellos como es el caso de Castrillo no tienen deudas, están económicamente saneados y son un ejemplo para otras Administraciones. Esta medida ni es racional ni es sostenible”, defiende esta formación política.
Además, añaden: “Supone así mismo un atentado a la autonomía local por trasladar el control de la Tesorería de los ayuntamientos a funcionarios de las Diputaciones Provinciales. Y finalmente pero que no es un tema menor, como la obligatoriedad de cumplimiento de la ley en este asunto es de fecha 11 de Julio podría suponer que todos los pagos efectuados desde esa fecha están invalidados, son nulos, para todas aquellas Entidades Locales que no tengan un funcionario Tesorero con habilitación estatal”.
Ante esto, Ahora DECiDE se pregunta qué ha estado haciendo la comisión especial que se creó en la Diputación para analizar y estudiar las repercusiones y problemas que la aplicación de esta ley podía suponer para los ayuntamientos. “Este problema debería haberse detectado inmediatamente y debería haber sido la propia Diputación, si es que realmente le importan los municipios, la que le hubiera exigido al Ministerio la retirada”.
Ahora DECiDE está en contra de esta Ley y exige su derogación, no sólo de este punto concreto, sino de toda ella porque lejos de ayudar a la administración más cercana al ciudadano, los ayuntamientos, sólo pretende su desaparición. “Los ayuntamientos con alcaldes o portavoces en la oposición de Ahora DECiDE llevarán a sus plenos una moción para rechazar esta medida”, anuncian.
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