En plena crisis del COVID19 y después de anunciar el presidente del Gobierno Pedro Sanchez este fin de semana la ampliación del Estado de Alarma, Tragsa ha anunciado este lunes a todos los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECORD), que están obligados a coger una semana de vacaciones.
La empresa ha alegado temas organizativos y operativos, pero sin hacer mención alguna a los motivos del porque esto debe ser así y apelando a la colaboración de los trabajadores. Además, no explica de manera clara el por qué se podrían tomar estas posibles medidas, sembrando serias dudas entre el colectivo BRIF de cuál es el objetivo de tal medida, señalan desde la asociación.
La ATBRIF recalca que el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores señala que no se puede obligar a los trabajadores a coger sus días de vacaciones. Asimismo, han recordado las palabras de Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quien destacaba que "obligar a los trabajadores a cogerse vacaciones en este momento es, por un lado, obligar a los trabajadores a costear el coronavirus en sus casas".
Por su parte, los expertos laboralistas subrayan que si el calendario de vacaciones se ve alterado sin el previo acuerdo entre el empresario y los trabajadores, éste puede ser impugnado en los juzgados. Apuntan que la consecuencia más inmediata con la imposición una demanda sería dejar sin efecto la decisión de la empresa.
Así lo ha manifestado el jefe de los servicios jurídicos de UGT Madrid, José Antonio Lucena, que ha sido taxativo al afirmar que "es ilegal" que el empresario imponga las vacaciones a sus empleados en este periodo. Lucena ha recordado que la empresa debe anunciar las fechas para el periodo vacacional con dos meses de antelación, por lo que en caso de que se intenten colocar con la justificación de la pandemia del coronavirus, no estaría en tiempo.
A este defecto de forma se añade el de fondo, porque las vacaciones "deben perseguir el descanso del trabajador" y, atendiendo al decreto presentado por el Gobierno para atajar la propagación del virus, todas las personas tienen prohibidos los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.
El jefe de los servicios jurídicos de UGT ha indicado así, que se puede llegar a la circunstancia de que empresas obliguen a trabajadores a disfrutar sus vacaciones ahora, y que luego un juez las reconozca como ilegales y obligue a que disfruten de unas segundas vacaciones.
Las BRIF siendo un servicio esencial de emergencias, ubicándose sus bases en el medio rural diseminadas por diferentes partes del país, actualmente permanece trabajando en actividad normal para la extinción de incendios forestales cinco de las 11 bases ubicadas en las zonas más problemáticas de incendios en la época de invierno-primavera. El resto de trabajadores permanecen en sus casas en régimen de disponibilidad para incendios forestales, pudiendo prestar una ayuda inestimable para la detención del COVID19, como ya realizan otros dispositivos autonómicos de prevención y extinción de incendios forestales en labores de desinfección en las calles, ayuda y transporte de material sanitario, comida etc.
Por último, recalcan su compromiso de querer ayudar a la sociedad en esta pandemia mundial, dentro de sus posibilidades, formación y equipos disponibles como estan desarrollando el resto de compañeros bomberos forestales autonómicos.
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