En abril de 2009 la Consejería de Hacienda simplificó y flexibilizó los requisitos necesarios para beneficiarse de la posibilidad de aplazar o fraccionar deudas fiscales, en atención a la difícil situación económica de muchas familias y empresas. En 2013 se acogieron a esta posibilidad 1.876 expedientes, el 7,4% más que el año anterior. En consonancia con esto, el importe retrasado o dividido en plazos aumentó el 110,7%, hasta los 35,8 millones de euros, según exponen fuentes de la Junta de Castilla y León.
En 2013, Castilla y León se consolidó como “la tercera región más diligente”, ya que resolvió los expedientes de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en 2,2 meses y los de Sucesiones, en 5,7 meses, frente a los 6,2 y 7,5 meses que se registraban en 2012 –último dato disponible– de promedio autonómico. “La rapidez en la tramitación es una de las prioridades de la Consejería de Hacienda. Tanto es así, que la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica los gestiona en la mitad de tiempo que la media nacional”, concluyen las mismas fuentes.
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