El Ayuntamiento de Benavente responde al PSOE y aclara por qué sus ayudas energéticas no son compatibles con el bono social

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benavente ha dado respuesta al Partido Socialista respecto a las Bases Reguladoras para la Concesión de Prestaciones Económicas destinadas a la atención de necesidades básicas en situaciones de pobreza energética para el ejercicio 2025. El Consistorio ha defendido la la legalidad y los criterios técnicos que rigen las bases de estas ayudas contra la pobreza energética. Además, niega cualquier exclusión arbitraria, afirma que el proceso es transparente y público, y acusa al PSOE de generar desinformación.

Este es el comunicado completo:

La tramitación de las ayudas sociales de este Ayuntamiento se realiza con criterios técnicos, jurídicos y económicos conforme a la legalidad vigente, y con el respaldo del personal especializado en Servicios Sociales y Administración General, que han garantizado su plena conformidad con el ordenamiento jurídico y el principio de equidad.

Tal como se recoge en las bases, las ayudas municipales son “incompatibles con otras prestaciones que se concedan para el mismo fin”, como el bono social o el bono térmico, para evitar duplicidad de subvenciones sobre el mismo concepto de gasto. Esta es una práctica común que deberían de conocer y que es coherente con los principios que rigen la gestión del gasto público y con el objetivo de maximizar el impacto social de los recursos municipales. Siendo además una fórmula adecuada para controlar que las ayudas concedidas no sobrepasan el coste real del servicio.

En ningún caso esta incompatibilidad supone un acto arbitrario o excluyente, sino una medida de racionalización y priorización de los fondos públicos, que busca atender a quienes no reciben ningún otro tipo de ayuda energética, en consonancia con los principios de subsidiariedad y no duplicidad.

“Las ayudas municipales sí son compatibles con el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada de Ciudadanía”, dado que estos no están destinados específicamente a sufragar gastos energéticos, sino que son prestaciones de carácter general. La diferenciación está perfectamente recogida en las bases y no responde a ninguna discriminación arbitraria, siendo práctica común en las convocatorias públicas.

Reiteramos que las ayudas de pobreza energética del Ayuntamiento no son una prestación universal ni complementaria, sino una ayuda extraordinaria y puntual, finalista y limitada presupuestariamente (15.000, dirigida a familias que, sin recibir ninguna otra ayuda específica para suministros energéticos, se encuentran en situación de necesidad. Recordamos que estas ayudas están sufragadas con dinero púlbico que se destina a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos actuando de la forma más eficiente que se permite. Permitir compatibilidades indiscriminadas desvirtuaría el objetivo y podría perjudicar a los potenciales beneficiarios que realmente lo necesitan, si como consecuencia de aplicar lo que piden, se viese reducido el número de posibles beneficiarios, algo que sí sería socialmente injusto.

Las afirmaciones del Grupo Socialista sobre una supuesta “exclusión” de más de cien familias carece de base real y genera desinformación entre los ciudadanos. El procedimiento de solicitud es transparente, público y se rige por criterios sociales y económicos objetivos. Toda familia que cumpla los requisitos y no reciba una ayuda para el mismo fin puede acceder a la convocatoria.

Desde la Concejalía de Bienestar Social se mantiene un compromiso firme con las personas necesitadas, trabajando en la mejora constante de los procedimientos cuando es realmente necesario. Las bases, que ya contemplan medidas como la ampliación de umbrales de renta en caso de no agotarse el crédito inicial, están abiertas a revisión para próximos ejercicios siempre que se planteen propuestas constructivas, realistas y técnicamente viables.

Invitamos al Grupo Socialista a trasladar sus aportaciones por los cauces institucionales adecuados, con propuestas que respeten la legalidad y la sostenibilidad del sistema. También les invitamos a que acudan a las comisiones de valoración de dichas prestaciones a las que no acudieron en la última convocatoria mostrando un gran desinterés por su parte. Las políticas sociales deben construirse sobre la base de la seriedad, la responsabilidad y el compromiso con la ciudadanía, y no mediante declaraciones que distorsionan deliberadamente la realidad buscando un rédito político, que genera preocupación entre los afectados y alarma social injustificada.