Los ayuntamientos insisten en buscar "cuanto antes" vías para flexibilizar el techo de gasto

La Federación Española de Municipios y Provincias insistió durante la Junta de Gobierno celebrada ayer en Madrid en la necesidad de buscar "cuanto antes" vías para flexibilizar el techo de gasto de los consistorios.

La organización, que contó con la presencia del vicepresidente de la FEMP y presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Fernando Martínez-Maíllo pidió en la Junta de Gobierno y en el Consejo Territorial que se avance en esa búsqueda, que ya se está estudiando en el marco de uno de los grupos de trabajo constituidos por la FEMP y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, porque resulta “fundamental” para “impulsar” la actividad económica en los territorios y favorecer la creación de empleo. “Es preciso buscar una alternativa a la normativa actual que limita la cantidad máxima que los ayuntamientos pueden destinar al gasto en sus presupuestos”, señalaron sus responsables. Al respecto, la FEMP propone que la referencia al techo de gasto se haga sobre presupuesto aprobado y no sobre presupuesto liquidado, y que se permita ampliar la actual lista de excepciones para el cumplimiento del techo de gasto.

El presidente de la FEMP, Íñigo De la Serna ha informado sobre los buenos resultados con que las Entidades Locales españolas han cerrado el primer trimestre del año, y que se resumen en un superávit de 2.010 millones de euros, “conseguidos con un gran esfuerzo, en un escenario en el que hemos contado con menos ingresos y en el que hemos sido capaces de reducir nuestros gastos sin privar de servicios a los ciudadanos”.

Las cifras, aportadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a las que se ha referido el también Alcalde de Santander, muestran que los ajustes más significativos se han producido en los capítulos de masa salarial, que se redujo en 213 millones de euros (un 4,56% por debajo del mismo periodo de 2013) y en los denominados Consumos Intermedios, que bajaron un 3,9% hasta quedar situados en 3.520 millones de euros.

El pago de intereses también disminuyó, pasando de 296 a 290 millones de euros, al igual que ocurrió con las subvenciones (de 364 millones a 334).