Para ello, contará con una partida presupuestaria propia inicial de 50.000 euros. Este convenio, cuya aprobación definitiva se llevará a cabo en el próximo Pleno de la Institución Provincial, se realiza por parte de la Diputación Provincial de Zamora, en ejercicio de las competencias de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica que le atribuye la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y ha previsto apoyar a los municipios de población inferior a 5.000 habitantes, por entender que son los que tienen menor capacidad económica y de gestión, y ello mediante la realización de las actuaciones de carácter material que conlleve la tramitación de los procedimientos de declaración de ruina y, en su caso, las de ejecución subsidiaria de la ruina cuando conlleven la demolición del inmueble, así como las del procedimiento y ejecución subsidiaria de las órdenes de ejecución cuando exista riesgo inmediato para la seguridad de personas o bienes, o de deterioro del medio ambiente, del patrimonio natural y cultural y conlleven la eliminación de construcciones, instalaciones y otros elementos “sin suponer coste alguno para los ayuntamientos”.
Además, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común prevé la posibilidad de que una Administración encomiende a otra la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su competencia, y en la redacción dada por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, prevé que la Diputación puede dar soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden.
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