Texto íntegro de la carta abierta firmada por José Ignacio Martín Benito.
La Junta de Castilla y León ha presentado su proyecto de áreas funcionales urbanas, reducidas a 14. Ha decidido que sólo corresponde esta categoría y la correspondiente financiación a las capitales de las nueve provincias y a Ponferrada, Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Medina del Campo. Otras ciudades caso de Benavente, Ciudad Rodrigo, Béjar, Astorga, La Bañeza, Toro o Cuéllar han quedado privadas de ello y serán consideradas como áreas rurales o pueblos.
La Junta justifica esta medida en un mero criterio numérico: que las poblaciones tengan más de 20.000 habitantes para ser áreas funcionales urbanas. Esto es que las que no lleguen a esta cifra pasarán, de un plumazo, a la categoría de pueblos.
Esta decisión choca frontalmente con el concepto de ciudad que se tiene en España y que se explica a los alumnos tanto en los Institutos como en las Universidades, esto es: un núcleo de población en torno o más de 10.000 habitantes, con cierta densidad de población, que cumple una función de centro de prestación de diversos servicios (comerciales, educativos, financieros, sanitarios, de suministro…) a un entorno geográfico rural y que tiene preponderancia de los sectores productivos secundario y terciario, con escasa presencia del primario.
El territorio de la actual comunidad autónoma de Castilla y León se configura con una división provincial articulada en una serie de ciudades capitales de provincia que -salvo Soria- superan los 50.000 habitantes, y otras ciudades medianas y pequeñas, de 10.000 a 50.000 que son referencia para los habitantes de su ‘hinterland’.
El aplicar solo un criterio numérico (en este caso 20.000 habitantes), difícilmente sostenible ante la realidad social y económica del territorio de Castilla y León, es no sólo un error, sino supone echar por tierra la realidad, la historia y la identidad de las dos regiones que componen la comunidad autónoma. Por eso, la Ley de Ordenación del Territorio deberá adaptarse a la realidad socioeconómica de Castilla y León y no al revés.
Al quedar excluida como área funcional Benavente, se deja un vacío urbano de 150 km entre León y Zamora. Ello, junto a la desaparición de los partidos judiciales, puede ser la puntilla para nuestra ciudad; una ciudad que tiene en la actualidad 19.137 habitantes. Con el área periurbana más próxima Benavente alcanza los 24.000. Ni siquiera ello ha servido para que la Junta la incluya dentro de la propuesta de área funcional. De nada le ha servido tampoco su papel de centro de prestación de servicios, su alta densidad de población y su papel histórico. De nada le servirá el título de ciudad otorgado en 1929 durante el reinado de Alfonso XIII. La Junta ha decido que nada de eso vale, que Benavente es un pueblo y punto. Y la financiación será, en consecuencia, menor. Y la prestación de servicios en el futuro irá a la baja, con lo que los negocios, la economía y el comercio se verán seriamente afectados. Lamentable la postura de la Junta, que dibuja mapas desde los despachos, pero que no conoce de cerca el territorio, ni a su historia ni a sus gentes. Lamentable también el conformismo del alcalde de Benavente, que se pliega a las directrices de la Junta y de su partido y que ya ha anunciado que no presentará alegaciones al proyecto. Así nos va.
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