Castro se desmarca de las posibles irregularidades en la gestión de las depuradoras del Lago

El pasado lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León observaba irregularidades en el servicio de gestión y mantenimiento que van más allá de la inexistencia de un contrato suscrito con arreglo a la normativa de los contratos públicos

 AlbertoCastro
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El pasado lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimaba el recurso de Isolux Corsan Servicios S.A. contra la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Zamora que en su día estimó parcialmente una reclamación de cantidad que la mercantil presentó ante el Ayuntamiento de Galende por el servicio de gestión y mantenimiento de las cinco depuradoras del Lago de Sanabria.

“En la sentencia de la Sala, se ha acordado además remitir testimonio de particulares al Ministerio Fiscal por si se hubiera incurrido en algún tipo de responsabilidad penal a la vista de las irregularidades observadas en la prestación de dicho servicio, en el que están concernidos el Ayuntamiento de Galende, la Diputación Provincial de Zamora y la Administración de la Comunidad Autónoma” redactaba el texto presentado por el TSJCyL.

Este lunes, Alberto Castro, delegado territorial de la Junta explicaba que "desconoce la sentencia" y “que el Ayuntamiento de Galende recibió el 50% que le corresponde dentro de la firma del convenio, pero desconocemos la siguiente parte que nos afecta a nosotros en cuanto a la relación que pudiera tener con la empresa”.

Respecto a la inexistencia de contratos por parte del Consistorio de Galende, Castro indicaba en que “nosotros dábamos al Ayuntamiento de Galende una aportación del 50% del mantenimiento de las depuradoras, por eso nosotros no entrábamos en la petición de ese coste”.

La propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyl explicaba las irregularidades observadas que van más allá de la inexistencia de un contrato suscrito con arreglo a la normativa de los contratos públicos. También incluía la reclamación de pagos por más de 12 años de servicios, la ausencia de control por parte de la Diputación de Zamora de a dónde se destinaba las subvenciones que tenían como fin la depuradora, o los pagos en 2012 de 450.000 euros sin que antes se hubiera pagado nada y con la inexistencia de contratos ni facturas.

Asimismo, mencionan también los pagos realizados únicamente por la administración autonómica en relación con la depuración del Lago de Sanabria, pero no reclamación a ella de las facturas correspondientes a la prestación del servicio de gestión y mantenimiento, y el certificado del secretario del Ayuntamiento sobre la existencia del contrato de que se trata y la negación de su existencia por el Alcalde de dicho Ayuntamiento.


Por último, Alberto Castro añadía que la depuradora de El Puente “está pleno rendimiento y en el año de explotación y haciendo los ajustes oportunos para que funcione al 100%”. 


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