Comisiones Obreras afirma que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma laboral operada por el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, “pone en evidencia las dudas que se están abriendo sobre el funcionamiento de una institución que debería garantizar los principios democráticos y el respeto a los derechos constitucionales”, ya que ha “legitimado” el uso de ese instrumento legislativo para introducir tales cambios en la normativa laboral. “En esta ocasión, avala el manifiesto uso abusivo del Decreto Ley, que ha sido empleado, al menos, en once ocasiones por el actual Gobierno para modificar el marco de relaciones laborales y aspectos básicos de la protección social de los trabajadores”, indican fuentes de CCOO en un comunicado. “El Tribunal Constitucional no asume su responsabilidad de garantizar la plena participación democrática, desde el pluralismo político y social, en la adopción de las decisiones de mayor transcendencia sobre las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos. Esto genera graves dudas sobre el funcionamiento de nuestra democracia”, critica el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz.
En cuanto a las materias analizadas por el Tribunal Constitucional, aborda la relativa a la supresión de los denominados ‘salarios de tramitación’, que ha sido un “mecanismo para rebajar la protección económica” de los trabajadores que han sido objeto de despido injustificado. “Esta indemnización era la principal garantía de la que disponen los trabajadores con poca antigüedad, sobre todo temporales, ante el despido ilegal o sin causa, y su supresión sólo sirve para aumentar la dualidad del mercado de trabajo”, aseguran las mismas fuentes.
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