COAG y CERES denuncian la escasez de recursos para combatir la violencia de género en el medio rural

El 45% de las mujeres asesinadas durante 2019 en nuestro país residían en la España rural.

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 COAG lamenta que las movilizaciones atiendan a siglas políticas y no a la necesidad del campo
COAG lamenta que las movilizaciones atiendan a siglas políticas y no a la necesidad del campo

En el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, desde el Área de la Mujer de COAG y la Confederación de Mujeres del Medio Rural (CERES) se han sumado a las iniciativas locales de ayuntamientos en todos los municipios para visibilizar la lacra que sufre nuestra sociedad, insistiendo en una realidad: mientras que sigan habiendo asesinatos machistas viviremos en una sociedad desequilibrada, enquistada e injusta.

“Asimismo, denunciamos la falta de recursos públicos para prevenir y combatir la violencia de género en el medio rural.  El 45% de las mujeres asesinadas en 2019 (51 desde enero) residían en la España rural”, ha puntualizado Inmaculada Idañez, responsable del Área de la Mujer de COAG y Presidenta de CERES.

Como representantes de las agricultoras y ganaderas, estos son los puntos que reclaman:

1. Que se desarrolle e implemente el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica que entró en vigor en España en 2014 y que está considerado como el tratado internacional más completo y de mayor alcance sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, siendo también el primer instrumento de carácter vinculante a nivel europeo en esta materia. Sus rasgos más relevantes son la extensión del concepto de violencia de género, que en España la Ley 1/2004  deja circunscrita a la pareja o expareja; la no supeditación de las medidas sociales y de seguridad a que la víctima presente denuncia judicial o testifique, la mejora de la colaboración internacional y entre las autoridades judiciales y fiscales, la policía y las administraciones estatal, autonómicas y locales, así como las ONG’s, en la protección de todas las víctimas.

2. El cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW (convención para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer) cuyo comité de expertos alertó al gobierno español para que cumpliera precisamente el Convenio de Estambul anteriormente citado.

3. Que toda la sociedad y sus organizaciones e instituciones se comprometan en esta lucha.

4. Que la lucha y los recursos incluyan tanto la violencia que ejerce la pareja o ex pareja como las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual/laboral de mujeres y niñas y todas las violencias machistas;

5. Que todas las instancias de gobierno se comprometan realmente en la prevención y erradicación de las violencias machistas, así como en la asistencia y reparación de todas las mujeres en situación de violencia, independientemente de la situación administrativa en que se encuentren las mujeres.

6. Que la prevención sea una política prioritaria, que incluya un sistema co-educativo en todos los ciclos, la formación específica para todo el personal profesional que interviene en los procesos, los medios de comunicación, la producción cultural y la sociedad civil en la lucha contra las violencias machistas.

7. Que los medios de comunicación se comprometan a hacer tratamiento adecuado de las diferentes de violencias machistas, visibilizándolas; La eliminación de la custodia compartida impuesta y el régimen de visitas a los menores de los maltratadores condenados.

“CERES y COAG se quieren significar como referencias en el medio rural contra la violencia. Mientras no se reconozcan los derechos de las mujeres para vivir libres nos van a encontrar en las calles y en cualquier medio donde tengamos cabida para presionar. No vamos a dar un paso atrás en nuestros derechos y continuaremos realizando esfuerzos por visibilizar todas las injusticias que nos maltratan por el hecho de haber nacido mujeres. No somos objeto para la explotación de nadie”, ha subrayado Inmaculada Idañez.

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