Cobadu pone en jaque el agua potable de Villaralbo: exigen un blindaje ante un "reparto insostenible"
El PSOE de Villaralbo ha presentado una moción en el Ayuntamiento para exigir garantías que protejan el abastecimiento de agua potable del municipio, tras confirmarse que una cuarta parte del caudal asignado a la población se ha cedido a la empresa agroalimentaria Cobadu para uso industrial.
El Grupo Municipal Socialista de Villaralbo ha elevado una dura advertencia contra la gestión del agua en la localidad, denunciando que Cobadu ha obtenido el suministro de 50.000 m³ anuales destinados originalmente al consumo humano. Este volumen equivale a aproximadamente una cuarta parte del agua asignada a Villaralbo, un caudal que debería garantizar el abastecimiento a las familias del municipio y otras localidades del entorno.
El contrato firmado entre Cobadu y Somacyl no contemplaba este desvío en la memoria justificativa original del convenio de la Comunidad de Usuarios para el Aprovechamiento de Aguas, lo que para el PSOE representa un riesgo claro para el abastecimiento futuro, especialmente en un escenario marcado por la escasez, contaminación de acuíferos y aumento de la demanda.
El informe técnico oficial ya refleja episodios puntuales de escasez, subrayando la urgencia de proteger el caudal íntegro asignado a la población. Por ello, la moción presentada esta tarde propone que el Pleno municipal garantice que los 217.826 m³/año asignados a Villaralbo se utilicen exclusivamente para consumo humano, sin que puedan verse afectados por acuerdos con terceros.
Además, los socialistas plantean solicitar un aumento equivalente al caudal cedido a Cobadu o bien establecer un acuerdo para que la empresa se abastezca directamente desde la capital, evitando así que el municipio vea comprometidos sus recursos hídricos.
Ana Isabel Santos, portavoz del PSOE, ha insistido en que “defender el agua es defender el futuro de Villaralbo” y ha reclamado que la prioridad absoluta sea la seguridad del suministro para los vecinos y vecinas. El debate en el Ayuntamiento será clave para blindar este derecho básico frente a los intereses industriales.
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