Una comarca de Zamora, entre los puntos negros del robo de agua en España

El regadío es el gran consumidor de agua de España y su superficie no ha dejado de crecer en las últimas décadas. En aquellas zonas donde no existe agua disponible en ríos y embalses, se hace uso del agua subterránea, poniendo en peligro nuestra seguridad hídrica y sobreexplotando acuíferos. Esto ha llevado a que España sea el país con mayor sobreexplotación de agua de Europa. Y esto sin contar el agua que se consume de forma ilegal.

WWF ha realizado una radiografía, que cuantifica la superficie que se riega con agua extraída ilegalmente, de los cuatro puntos negros del saqueo del agua en España: Las Tablas de Daimiel (Castilla La Mancha), Donaña (Andalucía), Mar Menor  (Murcia) y Arenales (Castilla y León). Cuatro lugares que son emblemáticos y de gran valor ambiental.

En la siguiente gráfica puedes ver el número de hectáreas regadas: en color rojo destacan las regadas con agua extraída de forma ilegal. 

 

El acuífero de los Arenales en plena meseta castellanoleonesa es otro de los puntos negros del agua en España que afecta a más de una treintena de municipios de la provincia de Zamora

En 2019 se regaron con 101.877 ha de agua de la que extraída ilegalmente fueron 23.975 hectáreas, es decir, el equivalente a más de 29.000 campos de fútbol.

Durante estos años, se ha asistido a una transformación total en esta zona que ha pasado del cultivo de cereales y viñedos de secano al predominio de cultivos de patatas, maíz, hortícolas, o remolacha entre otros, altamente demandantes en agua. 

 

En los últimos 15 años, se ha registrado un preocupante descenso del acuífero de los Arenales que sitúa el nivel de agua, siendo Tierra del Vino, su masa de agua subterránea más afectada ya que se sitúa por debajo de los 25 metros.

Además, el descenso de los acuíferos supone un grave problema de contaminación y una amenaza para la salud, ya que conlleva que la concentración de nitratos y arsénico sea mayor en el agua, como sucedió en 2006, hasta el punto de que en algunos casos no era apta para el consumo humano.

 

La zona de ríos de Los Arenales está siguiendo el peligroso camino de Las Tablas de Daimiel que le llevó a ser declarado sobreexplotado, y hoy, está seco y depende de ‘transfusiones’ de agua de emergencia.

 

 

Por todo ello desde WWF solicitan:  

1. I ntroducir cambios en la normativa de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico  para: limitar claramente los procesos de legalización por la vía judicial, de forma que se eviten largos procesos que bloqueen la acción de las autoridades del agua; o evitar las vías judiciales para la resolución de peticiones de concesión de uso privativo de aguas subterráneas, entre otras. 
2. Mejorar y dotar de medios a las autoridades del agua para la explotación de las redes de seguimiento de los piezómetros , la implantación de contadores de lectura remota y a tiempo real, y el seguimiento del uso del agua mediante teledetección, con el fin de controlar todas las extracciones de los acuíferos, y evitar la concesión de derechos de uso de agua privativos por encima de los recursos disponibles.
3. Actualizar de manera automática y coordinada los datos  del Catastro, el Registro de la Propiedad y el Registro de Aguas en una Infraestructura de Datos Espaciales accesible públicamente.
4. Coordinar e integrar de manera coherente el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Hábitat  en el diseño de políticas agrarias (PEPAC, Plan estatal de regadío, etc.) a nivel de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

Al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las Consejerías de Agricultura pedimos:

1. Elaborar un nuevo Plan Estatal de Regadíos  que incorpore las actuaciones estatales y autonómicas y se someta a evaluación ambiental estratégica.  Colaborar con la administración competente en el control y penalización del uso ilegal del agua en agricultura , entre otras a través de la mejora en la aplicación y el seguimiento de la condicionalidad de las ayudas PAC, tal y como señala el Tribunal de Cuentas Europeo.
2. Mejorar los protocolos públicos de calidad  como las normas de producción integrada o los pliegos de calidad de las Denominaciones de Origen, mediante la inclusión del uso legal del agua y del suelo como requisito obligatorio
3. Crear un Observatorio estatal del Regadío  que asegure la gobernanza y participación de la sociedad civil, y proporcione información adecuada sobre evolución del regadío, consumo de agua, resultado de inversiones en modernización, etc.
4. Garantizar su coordinación con la administración de Minas  (nacional y autonómica) en los procesos de autorización de permisos de investigación de acuíferos mediante sondeos, de forma que en todo momento se conozca la intervención en el territorio y se activen los protocolos de seguimiento tras el posible alumbramiento de las aguas subterráneas.
5. Garantizar su coordinación con la administración de Industria sobre la gestión de contadores  y la  introducción de los mecanismos de lectura remota y de inviolabilidad de las mediciones.
6. Realizar campañas junto con los sectores agrarios para combatir el uso ilegal de los recursos hídricos y favorecer las prácticas sostenibles.