Compromís lamenta que el Gobierno no concreta su opción para mejorar el acceso a la vivienda en la “España Vaciada”

El Gobierno ha respondido a la pregunta formulada por el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, el cual pedía que se detallaran las medidas que se pensaba adoptar, dentro de su competencias, y en colaboración con el resto de las administraciones si se precisa, para solucionar este problema de oferta de vivienda especialmente en la “España Vaciada”

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El Gobierno se ha limitado a responder con un simple “En relación con las preguntas de referencia se informa que, tras el reciente establecimiento de la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales , la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y el resto de titulares de los departamentos ministeriales vinculados a las materias por las que se interesa Su Señoría han solicitado su comparecencia ante las Comisiones correspondientes de las Cortes Generales para exponer las líneas generales de sus departamentos”

Según Mulet “está bien y es lógico que quieran explicarnos las líneas generales, pero nosotros estamos inquiriendo se nos explica la hoja de ruta de un tema muy concreto, no sabemos hasta que punto esto es competencia de Transición Ecológica y Reto Demogràcifoc, o delMinisterio de Transpores, Movilidad y Agenda Urbana que es quien ostenta la secretara general de vivienda”.

Mulet ha expuesto que buena parte de la “España Vaciada” además de la carencia en inversiones de todo tipo (infraestructuras viarias, de transporte, de telecomunicaciones, o de servicios básicos) uno de los grandes problemas con los que se encuentra la población que quiera asentarse en las zonas rurales es la falta de oferta de vivienda en condiciones para alquilar o comprar.

“En la inmensa mayoría de los pueblos que necesita población nueva para sobrevivir, existen casas en mal estado de conservación, inhabitables que a medio plazo pueden entrar en ruina total y que supone una pérdida irreparable de la arquitectura tradicional y la fisonomía de estos pueblos. La emigración masiva del mundo rural, provocó que las casas se quedaran vacías y en estado de abandono, ahora recuperarlas supone en muchos casos una inversión mucho mayor que el derribo y construirla de nuevo. Los propietarios o están fuera o son población envejecida y sin capacidad de reformar estos inmuebles. La incertidumbre a la existencia de nuevos moradores estables hace también arriesgada la inversión de los propietarios para poder recuperar la inversión. Y la falta de trabajos de larga duración también hace inviable la compra e hipoteca de los nuevos moradores potenciales”, ha expuesto.

Al mismo tiempo, este abandono provoca riesgos y molestias a las casas en buen estado aledañas, se trata de un fenómeno generalizado, y al mismo tiempo, la gente que quiere asentarse a vivir en estos pueblos no encuentra viviendas en alquiler en condiciones, ante la aparición de ofertas laborales temporales por meses gracias a programas de empleos públicos, no pueden quedarse aunque sea temporalmente en los pueblos porqué no existen viviendas disponibles.

Hace falta un pacto entre todas las administraciones para generar una red de viviendas rurales asequibles en los municipios con riesgos de población; a modo de ejemplo, en muchos municipios existen edificaciones de las administraciones supramunicipales con valor histórico y arquitectónico con riesgo de ruina que podrían destinarse a viviendas con fines sociales, cuarteles les guardia civil, antiguas estaciones de ferrocarril, oficinas de correos, antiguas escuelas o ambulatorios¿etc, esto ayudaría a asentar población, a revertir en la economía local, desde a la albañilería y la construcción, a los comercios locales al incrementar la población. Hace falta la implicación de todas las administraciones para generar una buena bolsa de viviendas.

La política de vivienda está transferida a algunas comunidades autónomas, y el artículo 47 de la Constitución Española dice que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".

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