A la sesión, celebrada por el sistema de videoconferencia, asistieron más de 120 personas distribuidas en las nueve Subdelegaciones del Gobierno, entre ellas representantes de las cuatro organizaciones agrarias, cooperativas, gestoría del sector, sector industrial, sector de la distribución, agricultores, ganaderos…,y contó con la intervención de Esther Valverde Clavero, subdirectora general de la Estructura de la Cadena Alimentaria, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En su intervención, la subdirectora general ha destacado los aspectos más relevantes de la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que entró en vigor el 3 de enero de 2014, así como todos los retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario, entre los que se encuentran la atomización de la oferta, la globalización de los mercados y la volatilidad de los precios de las materias primas, y, para hacerlos frente, desde el Ministerio se han impulsado diferentes iniciativas, entre las que se encuentra la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Ha señalado que es un sector vulnerable en su conjunto por sus propias características, ya que integra una amplia diversidad de agentes de los sectores de la producción, la transformación y la distribución; esta heterogeneidad, fundamentalmente en lo referido tamaño de las empresas, condiciona el funcionamiento y las relaciones de los agentes que operan a lo largo de la cadena, evidenciando deficiencias que se han visto agravadas en el contexto de la actual crisis económica global.
En este contexto, la Ley surge con la finalidad de mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no sólo del sector sino también de los consumidores.
Por último, ha señalado la creación en la ley de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que sustituye a la antigua Agencia para el Aceite de Oliva, como organismo autónomo dependiente del Ministerio, cuyas funciones serán de especial importancia en la aplicación y cumplimiento de la ley.
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