La Diputación de Zamora rectifica bajo presión judicial tras denegar injustamente las vacaciones de una trabajadora

La Diputación de Zamora ha reconocido el derecho de A.M.P.L., trabajadora de la Residencia Virgen del Canto de Toro, a disfrutar de sus días de vacaciones correspondientes al año 2023, después de que fueran denegados sin justificación. La situación se originó cuando A.M.P.L. solicitó disfrutar de los días pendientes tras reincorporarse a su puesto de trabajo tras una incapacidad temporal derivada de un accidente in itinere ocurrido en noviembre de 2023.

A pesar de que la normativa establece que si una incapacidad temporal impide disfrutar las vacaciones dentro del año natural correspondiente, estas pueden disfrutarse hasta 18 meses después, la Diputación rechazó la solicitud alegando que las vacaciones no fueron solicitadas con antelación. Sin embargo, la normativa y la jurisprudencia son claras en este aspecto, lo que hizo que la trabajadora recurriera a una reclamación tanto en la vía administrativa como judicial.

Durante el proceso judicial, el juzgado requirió en dos ocasiones a la Diputación para que entregara el expediente administrativo, advirtiendo sobre una posible multa de entre300 y 1.200 euros en caso de incumplimiento. Finalmente, tras la intervención de la justicia, la Diputación rectificó y reconoció el derecho de A.M.P.L. a disfrutar de sus vacaciones.

Sin embargo, la trabajadora no solo reclama por la denegación de sus días libres, sino también por los perjuicios ocasionados por los retrasos administrativos y la negligencia de la Diputación. Esta situación se suma a la denuncia realizada por A.M.P.L. el 18 de diciembre de 2023, en la que puso en conocimiento de la Diputación diversas deficiencias en la Residencia Virgen del Canto, algunas de las cuales afectaban gravemente tanto a residentes como a trabajadores.

A pesar de haber pasado más de un año desde que la Inspección de Trabajo recibió la denuncia, aún no se ha realizado ninguna inspección en el centro. Este retraso plantea la inquietud de que la negativa inicial a conceder las vacaciones y el impago de festivos puedan estar relacionados con represalias por las denuncias sobre las condiciones laborales.

Este caso pone en evidencia la falta de transparencia en la administración pública y la necesidad urgente de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad en los centros de trabajo, especialmente en el ámbito de la atención a personas vulnerables.