El 15 de diciembre entra en vigor la prolongación por 10 años del permiso de uso del glifosato por parte de la Comisión Europea. Este herbicida, es el más utilizado y el más cuestionado de todos los tiempos, pero ha sido, precisamente, el voto positivo del Gobierno de España el que inclinó la balanza, al negarse a unirse a las abstenciones de Francia, Eslovenia y Alemania o al voto negativo de Luxemburgo, Croacia y Malta.
Frente al potente lobby agroquímico, de nada ha valido que 40 entidades de la sociedad civil a lo largo de toda Europa expresaran sus dudas sobre la independencia de la EFSA (Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria). Tampoco ha sido suficiente el más de un millón de firmas para prohibirlo, ni la acumulación de pruebas de su toxicidad (la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer –IARC- ha catalogado el glifosato como “un posible cancerígeno para humanos”), o las millonarias indemnizaciones a las que está teniendo que hacer frente Bayer por reclamaciones de personas afectadas por el herbicida. Tampoco se ha tenido en cuenta la necesidad de cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo y su estrategia “De la Granja a la Mesa”, que propone para 2030 “reducir en un 50 % el uso de los plaguicidas químicos y el riesgo que conllevan, como también el uso de los plaguicidas más peligrosos”. Ni el hecho de que haya alternativas viables para el control de la vegetación no deseada en los cultivos.
Un potente disruptor endocrino
Al igual que ocurrió con el amianto, con toda la industria presionando detrás para que no se prohibiera, en los últimos años, el glifosato ha acumulado una abundante evidencia científica sobre sus efectos en la salud humana y los ecosistemas. Además de su más que probable efecto cancerígeno, el glifosato ha demostrado ser un potente disruptor endocrino que altera nuestro sistema hormonal, y ha demostrado la capacidad de alterar la biota intestinal de cualquier organismo hasta niveles patológicos. Todo esto afecta gravemente a polinizadores, organismos fotosintéticos, y a la fauna y las bacterias que habitan en los suelos. Téngase en cuenta que los productos a base de glifosato que se aplican en zonas rurales o urbanas son arrastrados posteriormente por la lluvia a las aguas subterráneas, arroyos, ríos y aguas costeras. La pulverización de herbicidas puede ser arrastrada por los fuertes vientos desde las zonas tratadas hasta los límites de los campos y los hábitats de la fauna y flora. Los animales que comen de los cultivos tratados con productos con glifosato también pueden tener efectos adversos.
Según el último informe “Nadando en Glifosato” de Ecologistas en Acción, en base a los análisis oficiales de las masas de agua españolas, el 34,6% de las aguas superficiales españolas estaban en 2022 contaminadas por glifosato en una concentración que incumple la norma de calidad ambiental. En lo que respecta al AMPA, principal tóxico generado en la degradación del glifosato, el 13,7% de los puntos de muestreo estaban contaminados, por lo que pronto el glifosato se pondrá en nuestro país a la altura de los nitratos en su contaminación de aguas superficiales y acuíferos.
Resulta vergonzoso que, frente a estos datos y a la alerta de científicos de universidades, centros sanitarios y de investigación, así como la reclamación de 150 organizaciones reclamando el voto negativo, España haya votado a favor de la prórroga y el ministro de Agricultura, Luis Planas, repita sin rubor los argumentos de la agroindustria mientras que en otras declaraciones afirma que apoya la producción ecológica, esta sí una alternativa real y sostenible, sin plaguicidas sintéticos ni herbicidas, junto al uso de métodos mecánicos, manuales y térmicos.
No obstante, la Comisión Europea ha recordado que los Estados miembros son los responsables de autorizar en su territorio los productos que contienen glifosato, y, por lo tanto, “seguirán pudiendo restringir su uso a nivel nacional y regional si lo consideran necesario”. Además, la propuesta que regirá a partir del 15 de diciembre contiene algunas limitaciones que tendrán su importancia si de verdad se vela por su cumplimiento, como son las limitaciones en cantidad de herbicida por superficie, las bandas de protección de entre cinco y diez metros o el uso de equipos que eviten la deriva del producto por el viento.
Alta concentración de glifosato en el Duero
En el río Duero, de los 293 muestreos realizados en 2022 por la Confederación Hidrográfica se detectó glifosato en 200 de ellos. Las detecciones más altas fueron en Hinojosa de Duero, Morales del Toro, Peñafiel y Medina del Campo, con valores de 90 a 340 veces superiores al valor de los límites considerados.
Las administraciones públicas de nuestro país que han decidido dejar de utilizar parcialmente el glifosato son Andalucía y Galicia. En Castilla y León la Consejería de Fomento y Medio Ambiente mira para otro lado frente al Procurador del Común, que desaconsejó ya en 2015 su uso en la limpieza de las carreteras y animó a diputaciones y ayuntamientos a tomar decisiones en ese sentido. En esa línea se han situado las Diputaciones de León y Ávila, así como numerosos municipios como Zamora capital y Pozoantiguo.
Entre los pasos en la buena dirección está la contratación periódica por parte la Diputación de Zamora de cuadrillas para la limpieza mecánica del entorno de los pueblos. Solo le falta ampliar esta práctica a los contratos de mantenimiento de carreteras, y pedir a los municipios que hagan lo mismo en sus infraestructuras, ofreciéndoles este servicio. Todo ello le supondrá mayor carga presupuestaria, ciertamente, pero, a la vez que se crea más empleo en el ámbito de la sostenibilidad, se ahorrará a medio plazo en la depuración del agua.
No debemos olvidar que los escasos refugios de biodiversidad en nuestros pueblos, sobre todo en las zonas cerealistas del este de la provincia, además de radicar en las pequeñas arboledas, bosques y bosquetes, también lo están en los regatos, linderos y arcenes de caminos y carreteras.
Ecologistas Zamora insta a las administraciones a seguir el Principio de Precaución ya que al no existir consenso científico sobre la peligrosidad del glifosato (y sus derivados) sobre la salud de las personas o el medio ambiente, su uso debe abandonarse.
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