El grupo de Izquierda Unida en la Diputación Provincial llevará al pleno de este viernes una moción con el objetivo preservar el suelo dedicado a la producción de alimentos frente a las instalaciones de producción de energía.
En la moción instarán a los gobiernos central y autonómico, así como a la propia Diputación de Zamora y a los ayuntamientos de la provincia -en función de sus competencias- a evitar esta situación de proliferación incontrolada de instalaciones de energía renovable, modificando cuantas normativas sean necesarias y legislando para que se proteja el suelo agrícola, especialmente aquel sobre el que se haya hecho una inversión pública como transformación en regadío o el sometido a concentración parcelaria, pero también todo aquel que tenga aprovechamiento agrícola o ganadero, más si cabe cuando la titularidad del terreno sea pública.
Desde Izquierda Unida señalan que defienden las energías renovables, pero como los propios habitantes de la zona rural son partidarios de “renovables sí, pero no así”, en el caso de que se instalen indiscriminadamente en cualquier terreno, sin tener en cuenta su valor agrícola para la producción de alimentos.
Así, el grupo de IU se hace eco de las propuestas de las organizaciones agrarias y de los vecinos de la zona rural zamorana para la regulación de la instalación de energías renovables, fotovoltaica y eólica, y de las instalaciones para su evacuación, con el fin de que se instalen exclusiva o preferentemente en terrenos no aprovechables para la producción agraria.
Durante la Semana Santa han sido los vecinos de Tábara, con el lema “Qué comemos hoy ¿placas?”, quienes se han manifestado para pedir protección para la agricultura frente a la avalancha de explotaciones fotovoltaicas que se han instalado en las tierras de regadío de la zona, denunciando incluso presiones por parte de las empresas instaladoras de placas solares a los propietarios de las tierras.
Pero no se trata de casos aislados, sino que es una situación que se está extendiendo a Castilla y León en los últimos 30 años, donde ha afectado a un millón de hectáreas agrícolas, según los datos de las organizaciones agrarias Coag, Upa y Asaja.
Desde IU y en apoyo a estas organizaciones, consideran que deben protegerse los terrenos de cultivo frente a los negocios empresariales, que tienen el apoyo o la inacción de los ayuntamientos en muchos casos para facilitar las instalaciones de energías renovables en todo tipo de terreno rural, puesto que ello agravaría aún más el problema de despoblamiento en los pueblos.
Como dicen los sindicatos agrarios citados: “Este nuevo boom de las renovables ha llegado al campo, y su loable objetivo con ambiciosos planes de energías limpias está desatando, sin embargo, una auténtica ofensiva en busca de todo tipo de suelo, que precisamente por este hecho puede ser nocivo para el propio profesional de la agricultura y ganadería y para la sociedad en su conjunto, ante el peligro de que desaparezca superficie destinada a la producción de alimentos.”
La producción de alimentos se ha revelado en los últimos años imprescindible ante problemas de salud como la pandemia del COVID, o ante conflictos como la actual guerra de Ucrania que limita la posibilidad de importarlos.
Según datos de Ecologistas en Acción, actualmente la provincia de Zamora produce casi tres veces más energía eléctrica de la que consume. Además, la práctica totalidad es energía limpia procedente de los saltos hidroeléctricos, de los parques eólicos y las plantas solares fotovoltaicas ya en funcionamiento. Esta organización advierte sobre los criterios que rigen para su ubicación y que afectan a Zamora: por un lado, la disponibilidad de suelo barato y, por otro, la distancia a una subestación de Red Eléctrica Española, imprescindible para verter la energía eléctrica generada al sistema.
Desde IU comparten con organizaciones agrarias y ecologistas que apoyar la instalación de infraestructuras de energías alternativas es fundamental si con ello se genera riqueza, bienestar y futuro para el medio rural y para los agricultores y ganaderos. Pero son críticos con el afán de empresas promotoras por hacerse con todo tipo de terrenos productivos y cultivables para este tipo de infraestructuras, y hay que tener en cuenta que el suelo productor de alimentos es el patrimonio más importante de cualquier sociedad y así es como debe seguir siendo y preservando. Y para ello están obligadas las diversas instituciones a establecer medidas legislativas en tal sentido.
Izquierda Unida considera que las administraciones públicas de ámbito estatal, autonómico y local no pueden cruzarse de brazos y dejar que intereses económicos privados prevalezcan sobre la soberanía alimentaria, e instalen en terrenos agrícolas y ganaderos molinos de viento y placas fotovoltaicas, o los destrocen atravesándolos con las líneas de evacuación.
Como advierten las organizaciones agrarias citadas: “Todas las previsiones de organismos internacionales apuntan a que la población mundial va a seguir creciendo a corto y medio plazo, y es necesario proteger el terreno para producir alimentos.” Además, no poner coto a la ocupación del terreno agrícola por las renovables llevaría consigo la expulsión de agricultores y ganaderos, agravándose aún más el problema de despoblación de los pueblos.
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