IU presenta una moción para impulsar un sistema de residencias público, universal y de calidad

El envejecimiento de la población y los cambios culturales y de forma de vida de las familias han generado la expansión de las residencias de mayores, exponen desde Izquierda Unida.

 Residencia desinfeccion ume coronavirus
Residencia desinfeccion ume coronavirus

La crisis del COVID ha hecho salir a la luz las carencias del modelo residencial en nuestro Estado. Este virus ha impactado gravemente sobre las residencias de mayores. La tasa de mortalidad ha sido escandalosa: han fallecido 14.000 personas ancianas en residencias, lo que supone el 67 % del total de víctimas. El virus también ha tenido efectos sobre el personal que trabaja en estos centros, constituido en un 90% por mujeres.

En Zamora, según los datos de la Consejería de Familia y Bienestar Social a día de hoy la cifra total de fallecidos se mantiene en 123 desde el inicio de la pandemia. De estos, 60 son por COVID-19 confirmado y 63 con síntomas compatibles. Asimismo, las residencias cuentan con 316 ancianos positivos.

En definitiva, el coronavirus ha desnudado las vergüenzas de los centros residenciales para personas mayores y ha dejado al descubierto el insostenible modelo de cuidado de personas mayores.

Si nos comparamos con los países del entorno, España se caracteriza por un bajo gasto público en este tipo de servicios. Según los datos del OCDE, España destina un 0,7 % del PIB al gasto en servicios sociales de atención a la dependencia, muy lejos de los niveles de otros países europeos como Francia (1,34 %), Alemania (1,28 %), Bélgica (2 %), Suecia (2,66

A estas carencias de carácter estructural, se ha añadido en los últimos años un proceso de privatización del sector: son muchas las residencias financiadas con dinero público pero gestionadas por entidades privadas, que han visto en España un gran nicho de negocio y han comprado o construido residencias.

El desarrollo más reciente del sistema de residencias se inserta en la llamada "colaboración público-privada", consistente en poner recursos públicos al servicio de entidades privadas que acumulan beneficios prestando estos servicios. Si nos fijamos en los datos, en 2019 hay en España 372 .985 plazas en residencias, de las 271. 696 se encuentran en centros privados (el 72,8%) y 101.289 en públicos (27,1%). El número de plazas concertadas asciende a 87.000 y algo más de 35.000 son gestionadas en concesión. Esto significa que hay, aproximadamente, 112 .000 plazas que financian las administraciones públicas para que el servicio lo presten otros actores.

Antes de que llegara la emergencia sanitaria, ya se habían producido denuncias respecto al modelo de residencias, entre ellas la desigualdad entre regiones, la falta crónica de personal, la precariedad laboral -fruto del escaso valor que se le da al trabajo de cuidados- y la escasez de recursos. La crisis del coronavirus no ha hecho más que poner sobre la mesa todos estos problemas, que se han agravado con la emergencia sanitaria, poniendo al límite los recursos humanos y materiales con que cuentan estos centros.

Así mismo, la falta de transparencia y la mala gestión de la información han aumentado el desconcierto de las familias de las personas residentes.

Las instituciones públicas deben garantizar el derecho a la protección de la salud, recogido en el artículo 43 de nuestra Constitución, que establece que "Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios."

En definitiva, se ha constatado durante esta crisis la necesidad urgente de repensar el modelo de residencias de mayores, ya que sus carencias no solo tienen que ver con las privatizaciones o con la falta de recursos económicos y humanos: estos centros se encuentran muy lejos de parecerse a un hogar, a un lugar donde vivir como en casa.

Por último, merece la pena advertir que los efectos del coronavirus han provocado una re-medicalización de los centros de cuidados. Aunque la actual emergencia sanitaria exija esta medicalización, las residencias no pueden transformarse en un modelo sanitario-institucional donde las personas pierden el control de sus vidas y no son el centro del cuidado. El nuevo modelo debe garantizar la seguridad, la salud, la autonomía y la calidad de vida de las personas residentes y cuidar de que los centros no se conviertan en una especie de hospitales, sino que se mantengan fieles al lema "vivir como en casa".

Por todo ello, el Grupo de IU propone al Pleno la siguiente

MOCIÓN DE URGENCIA

PRIMERO: Instar al gobierno central y autonómico a impulsar un sistema de residencias público, universal, de calidad y de gestión directa o en colaboración, mediante diferentes fórmulas, con el tercer sector sin ánimo de lucro o con la comunidad, entendiendo que el sistema de cuidados de personas mayores debe ser un modelo de Atención Centrado en la Persona (ACP), que respete y fomente la autonomía y la dignidad de las personas y proporcione unos servicios adaptados a las necesidades de las personas. Las residencias deben tender a ser un lugar donde vivir como en casa.

SEGUNDO: Instar al gobierno central y al gobierno autonómico a que garantice una eficiente coordinación y asignación conjunta en las prestaciones entre Salud y Servicios Sociales, aplicando un modelo de cuidados que respete la autonomía, dignidad y preferencias de cada persona.

TERCERO: Instar al gobierno autonómico a que asegure la transparencia en la gestión de los servicios residenciales y reforzar los mecanismos de inspección y control necesarios.

CUARTO: Instar al gobierno central a elaborar, en coordinación con las comunidades autónomas, un Programa de acreditación de calidad de Residencias de Mayores, que permita garantizar una atención digna a las personas mayores.

QUINTO: Instar al gobierno central y al gobierno autonómico a revalorizar y dignificar el trabajo de cuidados, garantizando a las trabajadoras de las residencias tanto un salario adecuado y suficiente como condiciones de trabajo seguras y con todos. los medios de protección necesarios.

SEXTO: Facilitar desde la Diputación e instar a los municipios a colaborar con otras administraciones y garantizar suelos o equipamientos públicos para impulsar en nuestra provincia un sistema de residencias público, universal y de calidad.

SÉPTIMO: Colaborar con los gobiernos central, autonómico y locales, en función de sus competencias, para:

-      Desarrollar programas destinados a mejorar la calidad de vida de los mayores en su propio hábitat (incluyendo fórmulas como “viviendas compartidas)

-       Reforzar y mejorar el Servicio de Ayuda a Domicilio.

-       Incrementar la atención y cuidados en los Centros de Día (con más especialización y mayores programas de fisioterapias, terapias ocupacionales, recreativas, culturales…)


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