La proliferación de plantas y proyectos de biogás está manteniendo a vilo a la provincia de Zamora. Ante esta situación, Izquierda Unida ha expresado su postura a raíz de la reunión que ha mantenido el grupo político en Valladolid. Juan Gascón, coordinador regional de Izquierda Unida de Castilla y León, ha sido el encargado de alzar la voz debido al incremento de estas plataformas que están surgiendo en Castilla y León.
Desde Izquierda Unida señalan que la Junta de Castilla y León desconoce el número de proyectos que se están instalando en la comunidad. “Hablaban de 90 proyectos, pero la última vez que yo lo escuché dijeron que eran unos 30 o 40. No sabemos muy bien cuál es la cantidad, pero tenemos claro que hay proyectos que no se van a llevar a término”, sostuvo el coordinador, quien manifestó que hay más solicitudes que proyectos. “Lo que se hace es presentar un proyecto en un pueblo y en el pueblo de al lado para ver cuál es el que tiene más posibilidades de salir adelante”, ha apuntado.
En este sentido, Gascón calificó como “positivo” que una fuerza política se posicione para exigir mayor transparencia y diálogo con los vecinos antes de que se instale cualquier planta de biogás en un territorio. “Los residuos generados en estas plantas, como metales pesados, podrían afectar a la salud pública. Además, el proceso de producción de biogás genera metano, un gas de efecto invernadero que se inyecta en gasoductos ya existentes”, ha sostenido el coordinador de IU, señalando el impacto en el medio rural.
Ante esta situación, Izquierda Unida exige hablar con los vecinos, abrir un proceso de participación ciudadana y mantener un diálogo fluido. “Lo que no puedes hacer es aprobar una ley que haga que la Junta de Castilla y León tenga la potestad. Hay determinados alcaldes que se están posicionando en contra de la ciudadanía del propio municipio y a nosotros eso nos preocupa”, ha aseverado Gascón, apuntando que debe haber un proceso democrático que permita discutir estos proyectos. También destacó que la quema de biogás genera contaminación y que no es necesario para las capitales de provincias, ya que Castilla y León “es una comunidad soberana energéticamente”.
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