El nuevo texto legal, presentado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, consta de 37 artículos, agrupados en nueve títulos, una disposición adicional y una disposición final. Incorpora los preceptos de la Ley de Renta Garantizada del 30 de agosto de 2010 y las mejoras introducidas en el Decreto-Ley por el que se creó, el pasado 21 de noviembre de 2013, la Red de Protección a las Familias con el objetivo de recoger las nuevas situaciones de vulnerabilidad que han ido surgiendo desde que se aprobara la Ley original, hace ahora tres años y medio.
Ese Decreto-Ley, por el que se adoptaron medidas extraordinarias de apoyo a las familias afectadas por la crisis, fue convalidado con el apoyo de todos los grupos de la Cámara el pasado 27 de noviembre y sustentado en un “amplísimo acuerdo social y político previo”, según informan fuentes de la Administración autonómica.
Y es que, antes de llegar a las Cortes, había recibido las aportaciones y el respaldo del Consejo del Diálogo Social, de las organizaciones del Tercer Sector -Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos, Red de Pobreza- y de las corporaciones locales.
Este amplio consenso permitió convertir a Castilla y León, por encargo del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en la primera Comunidad en ‘tejer’ una Red de Protección para dar una respuesta urgente, eficaz, coordinada e integral a la situación por la que atraviesan numerosas familias de la Comunidad como consecuencia de la prolongada situación económica actual.
Un buen número de las medidas que incorporaba este Decreto-Ley y que hoy refleja el nuevo texto legislativo se referían a la Renta Garantizada de Ciudadanía. El objetivo: agilizar el acceso a la prestación y flexibilizar sus criterios.
Bloques
El primero de los bloques tiene como fin agilizar los trámites antes situaciones especiales, como es el caso de aquellas familias que se encuentran en riesgo de impago de la hipoteca.
El segundo bloque está orientado a garantizar que se cubran las necesidades de nuevos colectivos que aún teniendo propiedades no tienen cubiertas sus necesidades ante la imposibilidad de hacer efectivo su valor. Es el caso de ciertos bienes inmuebles, terrenos rústicos, algunos vehículos o productos financieros, como las preferentes, de difícil o imposible realización por causas ajenas a sus titulares.
El tercer bloque recoge un conjunto de medidas especiales para que las personas más vulnerables: menores y víctimas de violencia de género reciban una atención prioritaria. Así, fija una garantía de atención a los menores para que no se dejen de abonar las pensiones compensatoria o de alimentos de hijos a cargo del otro cónyuge. Y, por otra parte, agilizará el procedimiento para que las mujeres víctimas de violencia de género puedan percibir la Renta, considerándolas como personas independientes incluso antes de haber concluido los trámites de separación. Se excluirán del cómputo patrimonial las viviendas de las mujeres víctimas de violencia de género que residan temporalmente, por este motivo, en otro que no sea de su propiedad; no se les exigirá estar viviendo de forma independiente, ni tener 25 años cumplidos.
El cuarto bloque establece un conjunto de medidas de control y seguimiento. De esta forma, se denegará la prestación en el caso de que cualquiera de los miembros de la unidad familiar abandone el territorio de la Comunidad, salvo por motivos de trabajo, enfermedad grave de un familiar o causa de fuerza mayor, todas ellas debidamente acreditadas. Se establece que la unidad familiar o de convivencia tendrá que estar al corriente del pago del alquiler o de la cuota hipotecaria durante el tiempo que reciba la Renta y, además, se fija una limitación: en los casos de haber sido condenado por delitos contra la vida o contra la libertad sexual, el reconocimiento de la prestación exigirá haber satisfecho la responsabilidad civil declarada en sentencia.
Y, por último, como el objetivo es atender las necesidades urgentes de las familias pero sobre todo darles oportunidades para que encuentren una salida laboral, el texto refundido incluye medidas para ayudar a superar la situación de vulnerabilidad mediante la inserción a través del acceso al empleo. Se trata de incentivar la actividad laboral y que el hecho de ser perceptor de la Renta no sea nunca un obstáculo para buscar un empleo. Además, se recoge el compromiso de que los planes de empleo de la Junta de Castilla y León incluyan medidas extraordinarias dirigidas a contratar a las personas más vulnerables, con especial atención a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, según las mismas fuentes.
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