“Jamás hemos planteado la reforma local en clave de vencedores y vencidos. Yo soy vicepresidente de una organización que representa a todos los municipios españoles y me he limitado a hacer mi trabajo, que para eso me eligieron el Partido Popular y los alcaldes de toda España”. Así de contundente se mostró el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, a la hora de negar que “haya un ápice de verdad” en lo que se dice en el mundillo de la política autonómica y provincial respecto a su relación con la Junta de Castilla y León, especialmente, con su portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, a tenor de la polémica generada desde el inicio de la tramitación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Martínez Maíllo participó ayer en la reunión que la FEMP mantuvo con miembros del Grupo Popular en el Senado para dar cuenta de las 21 propuestas de enmienda de organización municipalista presentaba al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Después de este nuevo paso, el vicepresidente de la FEMP expresó a Zamora24horas su “gran satisfacción” por que el texto de la Ley experimente “mejoras” a cada paso, a falta de los últimos retoques, que tendrán lugar en la tramitación en Pleno, y después un año y medio de reuniones sucesivas, no exentas de polémica y fricciones, especialmente, con las comunidades autónomas. “Uno de los grandes avances de la Ley cumple una de las peticiones tradicionales de la FEMP, que es la desaparición de las competencias impropias para las corporaciones locales de España y de Castilla y León”, indicó Maíllo.
La FEMP defendió desde el principio la necesidad de que las corporaciones locales se deshicieran de competencias “impropias” en materia de educación, sanidad y servicios sociales para depositarlas sobre la Junta de Castilla y León, que no se mostró encantada con la idea.
Financiación
A medida que se iban dando pasos en la tramitación del texto legal, se acentuó el desencuentro en ciertos frentes autonómicos y se hicieron célebres las críticas vertidas por el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, hacia Martínez Maíllo, a quien acusó públicamente en dos ocasiones de “poca sensibilidad” hacia los intereses de los municipios de Castilla y León. “Nunca he buscado polémicas con nadie. Ahí está mi trabajo y cualquiera que lo examine puede decir si está bien hecho o mal hecho”, rubricó.
Por otra parte, al hilo de algunas conclusiones vertidas en los medios tras la reunión de ayer, Martínez Maíllo advirtió de que “es falso” que el traspaso de competencias impropias en las materias de servicios sociales y sanidad “esté vinculado o condicionado a la financiación autonómica”, a tenor de lo que refleja la letra de la Ley. “La mejora de la financiación es más un compromiso político que una obligación legal que figure en el texto, aunque es positivo que el Gobierno de España tenga el compromiso de modificar la financiación autonómica”, anotó.
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