Más de 80 oficinas bancarias han cerrado en Zamora en cinco años

El “desierto” de la exclusión financiera: una oficina cada 71 kilómetros cuadrados

Ical / Redacción

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Ventanilla de un banco OCU
Ventanilla de un banco OCU

La exclusión financiera atenaza al medio rural con un “desierto” que se cuantifica en Castilla y León en una oficina por cada 71 kilómetros cuadrados, cuando la media en España es de un establecimiento bancario por cada 26. Desplazarse a una entidad financiera ya es misión imposible para muchas personas que viven en los pueblos de Castilla y León.

Algunas diputaciones como la de Valladolid y Salamanca ya han adoptado medidas, la primera con la adjudicación de un servicio de cajero móvil para atender a 175 municipios, y la segunda con el empleo de un bibliobús con este servicio. El CES de Castilla y León ya ha denunciado que el cierre de oficinas agrava la situación de muchos pueblos que disponen cada día de menos servicios básicos y, que además, cuentan con una población envejecida y en general, con pocas competencias digitales con las que afrontar las nuevas exigencias que se les quieren imponer, además de escasa cobertura digital.

Los datos que recopila el órgano consultivo indican que Castilla y León es, junto con Cataluña y Valencia, la comunidad autónoma más afectada por el cierre de oficinas bancarias. El número de entidades existentes en la autonomía a finales de 2021 era de 1.323, un 41,6 por ciento de las que operaban al término de 2008 (41,5 por ciento en España), mientras que en Cataluña era del 28,4 por ciento y en Valencia del 35,5.

La Comunidad sale mejor parada por ratio de oficinas por población. En Cataluña hay una oficina por cada 3.307 habitantes y en Castilla y León una por cada 1.805 (una por cada 2.479 en España). Sin embargo, la relación es muy desfavorable si se analiza en términos de superficie, ya que en Cataluña hay una oficina por cada 14 kilómetros cuadrados de superficie y en Valencia, una por cada 13. La situación es más negativa aún si se tiene en cuenta que el porcentaje de población mayor de 70 años en Castilla y León está cinco puntos por encima del de Cataluña o Valencia y también de la media nacional.

El número de oficinas de las entidades de crédito en la Comunidad se redujo un 17,1 por ciento en el último año en Castilla y León, frente a un 14,7 por ciento en España, y la Comunidad sufrió la mayor caída de los veinte últimos años, igual que el conjunto nacional. El descenso fue “muy pronunciado” en todas las provincias. Las mayores caídas se registraron en Valladolid (-21 ,2 por ciento), Salamanca (-20,7 por ciento) y León (-19,9 por ciento), mientras que Soria sufrió el menor descensos (-9 por ciento).

El Banco de España constata además que en los últimos cinco años la banca cerró el 33,4 por ciento de las sucursales, lo que representa una de cada tres. Entre 2016 y 2021 se cerraron 9.700 oficinas, con lo que al final de ese período la red comercial contaba con 19.338 sucursales. Cataluña y Castilla y León se vieron especialmente castigadas en este sentido, con una merma en la Comunidad del 37,4 por ciento.

El mayor número de cierres entre 2016 y 2021 se produjo en las provincias de Palencia (con un descenso del 44,1 por ciento), Zamora que ha pasado de 186 oficinas a 125 y, con 81 oficinas menos, sufre un descenso del 43,5 por ciento, Salamanca (-41,5 por ciento) y León (-40,9 por ciento). También en las provincias de Valladolid y Burgos el cierre de sucursales se situó por encima de la media nacional (38,8 y 33,4 por ciento respectivamente), mientras el recorte fue más suave en más provincias de Ávila, Segovia y Soria, con descensos por debajo de la media.

En este contexto de exclusión financiera para los pueblos de la Comunidad, el CESCyL defiende que es “necesario” que las administraciones públicas con competencias en materia financiera adopten “medidas con carácter urgente” para paliar la situación generada en el medio rural por el cierre de oficinas bancarias.

El órgano consultivo recuerda que se trata de un servicio “prioritario” y expone que “el acceso al dinero en efectivo, además de mantener la economía en el medio rural, constituye un derecho por el que deben velar las administraciones públicas”.

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