El Partido Popular en Pereruela recalca que aunque no es partidario de judicializar la vida política, sus concejales “se han visto obligados a trasladar esta denuncia a la Fiscalía ante la negativa de ambos alcaldes a reintegrar voluntariamente las cantidades percibidas de forma presuntamente ilegal, a pesar de habérselo pedido de manera pública y reiterada en las sesiones plenarias celebradas en el municipio”.
En el escrito se pone de manifiesto que Daniel Gómez Moralejo, desde la toma de posesión en junio de 2011 hasta agosto del 2012, “cobró un sueldo municipal bajo la apariencia de dieta periódica y mensual, como alcalde al mismo tiempo que percibía una pensión de jubilación, lo cual es incompatible según consta en un informe de enero del 2012 del entonces secretario, y recalcado en los mismos términos por otro informe posterior fechado en noviembre del mismo año”.
En ambos documentos, el secretario de turno concluyó que “las retribuciones de las dietas de la Alcaldía no se ajusta a la normativa anteriormente citada, puesto que no se puede considerar una dieta como tal sino que sería una retribución económica debido a su carácter periódico y mensual, incompatible con el disfrute de la pensión de jubilación”.
Asimismo, el escrito de denuncia apunta que Andrés Segurado Rosón “ocupó la Alcaldía en funciones desde septiembre del 2012 hasta enero del 2013, debido a una baja por enfermedad de Daniel Gómez, periodo en el que siguió cobrando un sueldo fijo durante estos cuatro meses, también bajo la apariencia de una dieta periódica y mensual, sin estar dado de alta en la Seguridad Social y sin estar sujeto a las retenciones de Hacienda”.
Del mismo modo, se ha traslado a la Fiscalía que esta situación se regularizó en un pleno celebrado a comienzos del 2013, y que los pagos a ambos alcaldes fueron realizados con reparos por parte del secretario.
Por otro lado, los concejales del Partido Popular en Pereruela presentarán la próxima semana un escrito en el registro municipal en el que renuncian al incremento de las dietas aprobadas en el pleno celebrado el pasado mes de marzo, con su voto en contra, y para que el Ayuntamiento les indique el procedimiento a seguir para reintegrar las percepciones recibidas por este aumento desde su aprobación hasta la fecha actual.
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