El Partido Popular señala que a fin de tener conocimiento para poder debatir en el pleno se emitiese un informe sobre el expediente. Según la ley, hay un plazo de 10 días para redactar el informe, algo que no se hizo. Al no estar el informe disponible, el PP le solicita al alcalde la suspensión del pleno hasta tener toda la información necesaria.
“El alcalde no nos comunicó nada sobre la suspensión y acudimos al pleno, donde el portavoz del grupo socialista, el señor Santiago, se dedicó a darnos un mitin sobre cuestiones variopintas. Se dedicó, como siempre, a echar la culpa a otros: al gobierno anterior, a la Junta, a todo el mundo. Pero no contestó a la cuestión principal que le planteamos: ¿qué pasó con el terreno y qué gestiones se han hecho para contar con una residencia?”, cuestiona la formación popular.
“Al final sólo pudimos sacar algo en claro: que la parcela se vendió alegando competencias municipales, pero luego la culpa para no arreglar la situación era de la ley Montoro o de la crisis económica”, explica el PP. Además, señalan que el convenio con la empresa que iba a realizar la residencia se firmó en 2006 y la ley Montoro es posterior a dicha fecha.
El Partido Popular explica que en el pleno no se dio respuesta a sus preguntas y que el alcalde “se dedicó incluso a interpelar al público que asistía, pero no ofreció tampoco respuestas”. Algo que les llevó a “abandonar el salón de plenos ante la actitud del grupo socialista por la manifiesta tomadura de pelo”.
Tras el pleno, los concejales acudieron al despacho del alcalde para ver el expediente, lugar en el que “se vertieron amenazas al cabeza de lista del grupo popular, referidas, tanto a su ámbito personal como laboral”. Además, “después de insistir en que se nos dejara ver el expediente, y a pesar de la negativa del teniente alcalde, el Sr. Santiago, por parte de D. José Fernández se ‘autorizó’ el examen del expediente. Nos dirigimos al salón de plenos, nos llevaron parte del expediente, pero siempre con la vigilancia del Policía Local, tratándonos como delincuentes, sintiéndonos coaccionados para poder realizar nuestro trabajo que no es otro que defender los intereses de los vecinos, fiscalizando la labor de gobierno”, explica el PP .
El grupo político reconoce “que queda muy claro, que se realizó una venta condicionada a una empresa, que estaba obligada a la urbanización de las parcelas y a la ejecución de manera paralela del conjunto asistencial de la tercera edad junto con las viviendas que sí fueron ejecutadas por la comunidad de propietarios, es decir, los particulares sí cumplieron”.
“El Ayuntamiento se había reservado el derecho de reversión de la parcela y las obligaciones del empresario eran claras. Lo que no se aclara y tampoco comprendemos es ¿Por qué no se ha hecho nada para hacer valer los derechos del ayuntamiento? ¿Por qué no se ejecutaron las obras conjuntamente con las viviendas que sí se ejecutaron? ¿Dónde están las certificaciones de obra que demuestren que lo que se ha ejecutado cuesta los 600.000 euros que alegan ahora y a los que sí estaba obligado en el convenio el comprador de las parcelas? ¿Dónde están las actas de recepción de las supuestas obras ejecutadas? “, señalan.
Por último, el Partido Popular de Puebla de Sanabria reconoce que su cometido “tanto en esta como en muchas otras cuestiones”, es trabajar para la defensa del patrimonio municipal.
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