Presunto acoso laboral en la Diputación de Zamora | 30.000 euros de indemnización y denuncias de amenazas: "¿Quieres ver cómo te saco yo de aquí?"

Una funcionaria de la Diputación de Zamora ha reclamado una indemnización de 30.000 euros por un presunto caso de acoso laboral que, según su defensa, la mantuvo durante meses sin funciones y aislada en su puesto de trabajo. El juicio se ha celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zamora, según ha informado la Cadena SER.

El eje de la acusación se centra en el relato de su abogado, Javier Díaz, quien sostiene que la trabajadora fue sometida a “un proceso continuado de vacío laboral” tras ser apartada de su puesto en el área de Nóminas, donde llevaba más de 15 años. La funcionaria fue reubicada en dependencias ajenas a su servicio habitual y, según la defensa, llegó a permanecer más de seis meses sin recibir ningún encargo laboral.

Para el letrado, este periodo de inactividad no fue casual, sino parte de una estrategia para forzar su traslado definitivo. “Estamos ante un caso claro de aislamiento profesional que acaba generando un daño psicológico evidente”, defendió durante la vista, en la que también apuntó a un deterioro progresivo del estado de salud de la trabajadora, que derivó en una baja prolongada.

La acusación sitúa el origen del conflicto en noviembre de 2023, cuando la funcionaria comenzó a recibir tareas alejadas de sus funciones habituales y, posteriormente, dejó de recibir trabajo. En este contexto, el abogado sostiene que incluso se produjeron presiones directas para que aceptara el cambio de destino. Según su versión, uno de los responsables llegó a advertirle: “¿Quieres ver cómo te saco yo de aquí?”.

El relato de la defensa se apoya también en el reconocimiento, durante el juicio, de que la empleada estuvo meses sin actividad asignada. Para Díaz, este hecho es clave: “No hablamos de una reorganización puntual, sino de una situación prolongada que genera indefensión y afecta a la dignidad profesional”.

Frente a esta versión, la Diputación de Zamora niega cualquier conducta de acoso y enmarca los hechos en una reorganización interna para reforzar el área de Informática. Sin embargo, la acusación insiste en que el caso va más allá de un simple cambio organizativo y denuncia “una actuación que vacía de contenido el puesto de trabajo hasta hacerlo inviable”.

El procedimiento queda ahora visto para sentencia, con posiciones enfrentadas tanto en el plano jurídico como pericial. Mientras la defensa subraya el impacto psicológico del proceso, los informes aportados por la institución provincial descartan la existencia de acoso laboral.

La resolución judicial deberá determinar si la situación descrita constituye un caso de acoso en el ámbito de la administración pública o si responde, como sostiene la Diputación, a una reestructuración organizativa sin irregularidades.