El PSOE ha creado un grupo de trabajo en las Cortes de Castilla y León para abordar de forma definitiva el grave problema de los daños ocasionados por los ataques del lobo en la ganadería de la comunidad. Compuesto por procuradores socialistas de las provincias más afectadas, la comisión nace con el objetivo de mantenerse activa hasta la resolución del conflicto, lo que abarcaría, si fuera necesario, toda la legislatura.
La búsqueda de medidas se pondrá en marcha de forma inmediata con la presentación en los próximos días de iniciativas parlamentarias para su debate en los plenos de la Cámara autonómica. “No pararemos hasta conseguir una solución justa que permita a los ganaderos poder recibir de una manera rápida las indemnizaciones por los daños que causa el lobo en sus explotaciones”, apuntan los procuradores socialistas, para lo que el grupo de trabajo propondrá fórmulas que fijen como prioridad blindar los intereses de los ganaderos, tratando de compatibilizarlos con la conservación de la especie.
La sesión constitutiva de la comisión contó con la participación de los parlamentarios autonómicos del PSOE Juan Luis Cepa y Fernando Pablos (Salamanca), José Luis Aceves (Segovia), Juan Carlos Montero (Ávila), José Ignacio Martín Benito (Zamora) y Tino Rodríguez (León).
Los socialistas proponen dos ejes básicos de actuación tras constatar el fracaso de las medidas adoptadas hasta ahora mediante la suscripción de seguros por parte de los ganaderos y la autorización de batidas esporádicas. En primer lugar, el PSOE exigirá a la Junta que asuma la totalidad de las indemnizaciones de los daños del lobo en la ganadería por vía patrimonial, como obliga la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ratificó posteriormente el Tribunal Supremo en marzo de 2013 y que declaró la nulidad de parte del artículo 12 del Plan de Conservación y Gestión del Lobo, referido a la compensación de daños. La fórmula de la responsabilidad patrimonial de la Administración ya se está aplicando en comunidades autónomas limítrofes como la asturiana.
Además, el Grupo Socialista reclamará que los pagos se efectúen en un plazo máximo de un mes, sin ningún coste añadido para los ganaderos y que incluyan el lucro cesante, es decir, que al valor del animal muerto se sumen daños como el incremento de abortos por el estrés del ganado o la disminución de la producción lechera.
La segunda línea de actuación del PSOE respecto al problema del lobo en la ganadería se orientará hacia la reapertura de las ayudas que la Junta mantuvo hasta el año 2011 para financiar a los ganaderos la creación de infraestructuras de protección de la cabaña. Esta línea de subvenciones estaba incluida en las ayudas para el fomento de las explotaciones de ganado en régimen extensivo y mejora de los pastos comunales de Castilla y León y recogía partidas específicas para inversiones destinadas a la protección del ganado frente a los ataques del lobo.
Los daños que el lobo está ocasionando en la ganadería es uno de los problemas que más acucia en este momento al sector en la comunidad. Según los cálculos de las organizaciones agrarias, éstos suponen una cuantía que podría rondar en toda Castilla y León los 8 millones de euros en el último lustro, con alrededor 4.000 reses muertas de media anual en los últimos años. En este sentido, los socialistas consideran que, no pueden ser los ganaderos quienes asuman los costes de la conservación del lobo, por lo que instan a la Junta a poner en marcha de manera urgente fórmulas que permitan compatibilizar los derechos y protección de las cabañas ganaderas con la conservación de la especie.
Recuerdan que la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, más conocida como Directiva Hábitats, establece que la población de lobo ibérico (canis lupus) situada al sur del río Duero está considerada como especie prioritaria, lo cual requiere por parte de la Junta de Castilla y León la rápida puesta en marcha de medidas tendentes a garantizar su conservación blindando de manera aparejada la protección de las explotaciones ganaderas.
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