Un ciudadano requería el pasado martes 25 de agosto a la Dirección de la Administración Local de la Junta de Castilla y León, con su director Héctor Palencia al frente, para que actúe de oficio y cumpla su ley. En ese requerimiento, al que ha tenido acceso zamora24horas, se solicita la revocación de oficio y de forma inmediata el nombramiento de la secretaria interina de la Agrupación Rosinos-Palacios.
“Es conocida por esta dirección la situación irregular de la secretaria interina de Rosinos de la Requejada en Zamora. Dicha situación ha quedado plasmada claramente sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora 45/2018 de fecha 17/07/2016”, se expone en el escrito presentado, en el que se añade: “Que después del requerimiento que se hizo por parte de esta dirección general a este ayuntamiento desembocó en el procedimiento contencioso administrativo que dio lugar a la sentencia 97/2020 de la que me consta esta dirección general tiene constancia y donde la magistrada-juez explica tan claro como para que lo entienda el más tonta de todo Cyl que no solo no debía de haberse recurrido el requerimiento de la JCyL sino que por parte de la agrupación Rosinos Palacios se debería haber solicitado a esta Dirección General la revocación del nombramiento tal y como se le pedía”.
Ante esto, este ciudadano entiende que “vista la situación, siendo ésta clara y objetiva, los ciudadanos y administrados no debemos tolerar ni un minuto más esta irregular situación”.
Por todo ello el requerimiento que realiza este ciudadano a la Dirección General es “revocar de oficio y de forma inmediata el nombramiento de la actual secretaria interina, habiendo quedado acreditado no solo en las mencionadas sentencias si no también en el expediente de revisión realizado por esta administración que la actual persona que ocupa el cargo lo viene haciendo de forma ilícita desde el mamo día de su nombramiento en 2005”.
Igualmente, el ciudadano que presenta el requerimiento abre otro escenario de reflexión, y es si debería ser obligada esta persona a devolver el dinero cobrado “presuntamente de forma ilícita en nómina, igual que el hecho de ocupar el cargo”. Por eso, pide a la dirección general que en caso de estar en lo cierto “requiera a esta administración para ello”. Por último, pide que se convoque también de oficio por parte de esta administración el concurso correspondiente al objeto de cubrir la plaza “a la mayor brevedad posible”.
De esta forma, ante este requerimiento que nace de la indignación de varios ciudadanos sobre esta situación, ahora debe ser la Junta de Castilla y León la que mueva ficha en un asunto que lleva varios meses en el Juzgado. Y es que una vez que un ciudadano ha puesto los hechos en conocimiento de la administración competente, en caso de no tomar medidas, trabajadores de la administración y cargos públicos podrían ser requeridos para responder por las responsabilidades que pudieran acarrear, llegando éstas a ser incluso penales.
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