El freno generado por la pandemia del COVID llegó al medio ambiente regional con todas las consecuencias, si bien, al menos en 2020, continuó la positiva noticia de una tendencia a la baja consolidada en los últimos años en uno de los principales problemas del sector verde en Castilla y León: los incendios forestales, y que supone seguir cayendo en superficie calcinada.
En este ejercicio tan trágico, la enfermedad envolvió todas aquellas discordancias que rodean a la gestión de la caza y de los espacios naturales, que en algunas ocasiones concluyen ante los jueces, pero también la permisividad otorgada a las licencias ambientales para explotaciones ganaderas que en la primera mitad del año generó polémica por entender desde las organizaciones ecologistas que se permitía saltar pasos administrativos para las 'macrogranjas', algo que negó la Junta. Un año en el que la contaminación descendió notablemente a causa de la reducción de movilidad.
Así, Castilla y León registró durante la pasada campaña de incendios 855 fuegos (595 conatos de incendio y 260 incendios) que dejaron un balance final de 4.378,6 hectáreas calcinadas: 3.290,48 de superficie leñosa forestal y otras 1.088 de forestal herbácea. Solo el incendio de Gallegos del Río (Zamora), registrado el 15 de agosto, calcinó 1.068,40 hectáreas y se erigió como uno de los 17 grandes incendios forestales en España.
Las cifras, siempre malas cuando hay fuego, no se deben valorar muy mal a pesar de que este año se reflejó la mitad de fuegos que en 2019 (855), aunque más superficie afectada (2.000 hectáreas arboladas). Por provincias, las del oeste fueron las más perjudicadas: León fue la que registró un mayor número de fuegos, con 222; 155 en Salamanca y 141 en Zamora. Todo, en un año en el que los trabajadores de los operativos volvieron a reivindicar la figura de 'bombero forestal' en Castilla y León, presente ya en la mayoría de las comunidades autónomas.
La caza ha estado en boca de todos prácticamente desde el primer día del año. Ya en enero, el TSJCyL anuló el plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del Duero., recurrida por la Junta, y con la llegada del estado de alarma, en marzo, una discutida instrucción interna tuvo que ser anulada a las pocas horas de hacerse pública con aclaraciones sobre las autorizaciones de controles poblaciones de fauna silvestre por daños, para favorecer la producción agrícola y ganadera, en el marco del estado de alarma por el COVID, un periodo en el que la caza y la pesca estaban prohibidos.
Este punto molestó a los cazadores, que advirtieron semanas después de un aumento de accidentes de tráfico por el incremento de corzos y jabalíes al no haberse controlado la población. Además, el sector cinegético lamentaba que “se ha perdido el mejor periodo” para el corzo, en marzo y abril.
De nuevo en mayo, hablaron los tribunales, en este caso el Supremo, que despejó las “dudas”, según la Junta, sobre la regulación de la actividad cinegética en la Comunidad, y que aportaba seguridad jurídica a los más de 120.000 cazadores de la Comunidad.
Por fortuna para el sector, el anteproyecto de ley de caza regional ya ha salido del cajón para dar certidumbre. El propio consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, confió en las Cortes en este mes de diciembre en la futura aprobación de la norma, a la que “dedicarán las partidas necesarias para la puesta en marcha de las medidas en ella contempladas, entre otras, los instrumentos de planificación cinegética”
De la sequía a la tranquilidad
Y aunque ahora nos parezca que queda muy lejos, a principios de año, antes del COVID, Castilla y León hablaba de sequía. No fue hasta mediados de febrero cuando la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) declaró la salida de la situación excepcional por sequía extraordinaria en las zonas del Cega, Adaja y Alto Tormes, después de haber entrado en esa categoría en junio de 2019.
Pero el año de la pandemia ha respondido, y aunque algunos cultivos sí se vieron afectados a primeros de este ejercicio, el año hidrológico en la cuenca se cerró con los embalses al 46,3 por ciento de su capacidad, con un volumen total de agua almacenada superior a los 1.333 hectómetros cúbicos, uno de los valores más altos en los últimos 15 años. De hecho, el otoño, según Aemet, se caracterizó por sucesivos pasos de frentes asociados a bajas presiones, con algunas borrascas profundas que dejaron un número de días de precipitación ligeramente superior a la media y un volumen de agua similar a su valor medio.
Sin embargo, y teniendo muy presente al cambio climático, que contará con una ley propia en la Comunidad, se conoció que un modelo matemático elaborado por la Fundación para la Investigación del Clima prevé que Castilla y León se asemeje a Andalucía en unas décadas y que la tipología del Sáhara se acerque cada vez más a la Península Ibérica.
Simplificación licencia ambiental
En el primer trimestre, recién aprobado el estado de alarma, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente introdujo una serie de modificaciones por el Decreto Ley 4/2020 en el régimen ambiental aplicable a las explotaciones ganaderas en Castilla y León, que generó polémica entre los grupos de la oposición y las organizaciones ecologistas, pero que según la Junta “no cambia el régimen de control que regula la instalación y funcionamiento de las mal denominadas macrogranjas”, según el departamento de Suárez-Quiñones.
De hecho, éstas son sometidas “no al régimen de licencia ambiental, sino al de autorización, con un control mucho más intenso de la mano de la autorización previa, la evaluación de impacto ambiental y una declaración de impacto ambiental favorable, ya que recae en la Administración autonómica y no en los municipios”.
Por undécimo año consecutivo, Castilla y León no superó los valores límite de protección a la salud marcados por la normativa española y europea respecto a los contaminantes primarios que se respiran, según el Informe Anual de Calidad del Aire de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, una interpretación que se encontró de frente con Ecologistas en Acción, que acusó a la Junta de mentir y de no cumplir con el mandato de una normativa en este sentido.
En todo caso, el Gobierno regional aprobó en octubre la Estrategia para la Mejora de la Calidad del Aire en Castilla y León 2020-2030, que permitirá una serie de objetivos a largo plazo que implican a todos los sectores, especialmente al transporte, la industria y la agricultura y ganadería, con el fin de reducir la contaminación atmosférica, especialmente la contaminación por ozono.
Fauna de Castilla y León
Varios fueron los capítulos que protagonizó la fauna de la Comunidad. Por ejemplo, Castilla y León comenzó estudios para cruzar genética y estadística análisis de la población de oso pardo en la Cordillera Cantábrica, en colaboración con el Estado, Asturias, Cantabria y Galicia, que también se centró en el sisón, una especie con una regresión muy alta. Igualmente, el Parque Nacional de Picos de Europa albergó el nacimiento de un quebrantahuesos, hecho que no ocurría desde la extinción de esta especie en su territorio hace aproximadamente siete décadas. Por su parte, el buitre negro volvió a reproducirse en el Sistema Ibérico tras más de medio siglo extinguido.
Todo en un año en el que se denunciaron varios casos de envenenamiento, aunque el más importante se detectó en Wamba (Valladolid), el mayor episodio de los últimos lustros en Castilla y León, con 29 milanos negros, dos reales y un busardo ratonero muertos a finales de julio. En total, en el último cuarto de siglo se han anotado más de 2.000 casos de envenenamiento en fauna silvestre, uno de cada cinco de todos los contabilizados en España, con la muerte de 4.749 animales y una ratio de 2,31 muertes por episodio.
El lobo nunca puede faltar en el análisis de la fauna silvestre autonómica. En 2020, el cánido, más allá de la histórica y permanente polémica de convivencia con la ganadería, fue protagonista en las últimas semanas ante una propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de incrementar la protección del animal, una posibilidad que se ha encontrado frontalmente con el sector agrario y ganadero, además de con los gobiernos de las comunidades de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, ya que, a su juicio, “complicará su gestión”. En un decisión aún por cerrar, las cuatro autonomías abogan por una acción “flexible, conjunta y coordinada” que permita trasladar “soluciones eficaces basadas en datos científicos alejados de posicionamientos ideológicos sesgados y radicales”.
Espacios naturales
El papel y la relevancia de los espacios naturales de Castilla y León es obvia, desde el momento en que el 51 por ciento de la superficie forestal de la Comunidad es forestal. Por ello, ya supuso un importante varapalo el cierre de las casas del parque el 12 de marzo por el estado de alarma, que implicó también la simbólica restricción a estas áreas de la Comunidad y que no reabrieron hasta el verano.
Pero los espacios naturales recibieron buenas noticias en un año de pandemia. El Plan Rector de Picos de Europa recibió luz verde en noviembre al nuevo texto, que se abre a actividades nocturnas, barranquismo y baño en puntos señalados y bajo autorización; mientras, el Parque Regional de Gredos ya es oficialmente Reserva Starlight, una certificación que puede ser un revulsivo turístico, más en tiempos de COVID, pues garantiza “espacios abiertos, no masificados y atractivos”. Por último, las Cortes aprobaron el 2 de diciembre, por unanimidad, el proyecto de ley de declaración del Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla (Burgos), con una superficie aproximada de 39.173 hectáreas, siete municipios y otros catorce asociados.
También se abrió a información pública la elaboración de un plan director de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad, un extenso territorio que engloba más de 820.000 hectáreas, y para el que el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León sugirió a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que favorezca las actividades compatibles, como son la ganadería extensiva o la industria agroalimentaria artesanal, entre otros, sectores que fijan población en el medio rural de la Comunidad y que en muchas ocasiones se ven frenados por la burocracia o las trabas por los criterios técnicos o estéticos establecidos por la Administración.
