Los representantes de las administraciones autonómicas de Castilla y León, Aragón, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura tienen claro que los desafíos demográficos han adquirido el rango de “problemas de Estado” y piden por ello al Gobierno de España que “impulse una estrategia nacional” al respecto.
Las bases sobre los problemas que plantea la demografía para el futuro de la nación quedaron sentadas en la primera edición del encuentro, que se celebró el 28 de octubre de 2013 y en la que participaron los gobiernos de Galicia, Asturias, Aragón y Castilla y León. “La situación ha de ser abordada en ámbitos europeos, nacionales, autonómicos, provinciales y locales”, indicaron entonces, cuando se fijaron los objetivos de considerar ese “problema de Estado”, en tener en cuenta la dimensión europea del asunto y el acceso a fondos europeos y a otras formas de apoyo para la búsqueda de soluciones por parte de la Unión Europea.
Además, se rubricó la necesidad de que en la siguiente reforma del modelo de financiación, las variables demográficas como la baja densidad y la dispersión de la población, así como el envejecimiento, tuvieran “un mayor peso” y estuvieran “mejor ponderadas”.
Las seis comunidades autónomas muestran “señales de ser un indicador adelantado” de un proceso demográfico que ya se está dando en determinadas zonas de Europa: Alta mortalidad, baja natalidad, descenso de población, abandono de zonas rurales en favor de grandes y medianas ciudades, alto envejecimiento y tasas de dependencia, reducción de la población activa y de la población de menos de 16 años.
Las proyecciones demográficas muestran una tendencia hacia ese tipo de situación en gran parte de Europa, y particularmente, en países con altas tasas de envejecimiento, como es el caso de España. “Aún en el caso de que determinadas zonas o regiones se vean afectadas en menor medida o más tarde por esta tendencia, por sus características sociodemográficas, es innegable que las consecuencias de esta situación se harán sentir en todo el territorio nacional, ya que su existencia genera problemas en los sistemas de redistribución de rentas y de disposición de recursos para la correcta prestación de servicios”, indicaron a zamora24horas fuentes de la Junta de Castilla y León. “Es un fenómeno que afecta al futuro de España pero no con la misma intensidad a todas las Comunidades. Sí es muy grave en algunas comunidades autónomas, donde el número de municipios y entidades de población y los habitantes que en ellos viven representan un alto porcentaje del total, con especial atención al concepto de dispersión en determinadas regiones”, añadieron.
Compromiso
Para llevar a término el desarrollo de los acuerdos suscritos en esta declaración, los gobiernos de Aragón, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León se han comprometido a pedir al Gobierno de España la creación de un grupo de trabajo que “identifique” las posibles medidas y su implantación, así como una estrategia nacional para el cambio demográfico.
Por último, las comunidades autónomas solicitan que se busquen alianzas con otras regiones de la Unión Europea afectadas por el mismo problema, realizando encuentros con el comisario de Empleo y Política Social, y demandarán al Gobierno de España una “nueva ponderación” de las variables de densidad, dispersión, envejecimiento y población protegida en la revisión del Sistema de Financiación Autonómica.
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