El Consejo de Cuentas remitirá esta semana un escrito a todos los ayuntamientos de la Comunidad que no han rendido la cuenta general del ejercicio 2018 dentro del plazo legalmente establecido, que finalizó el pasado 31 de octubre, requiriendo el cumplimiento de dicha obligación.
El cumplimiento de la rendición de cuentas atiende al principio de transparencia que, como garantía de calidad democrática, debe presidir la gestión de las administraciones públicas. Por ello, el Consejo insta a las entidades que no han presentado sus cuentas en plazo a que las remitan a la mayor brevedad posible para poder realizar adecuadamente su función fiscalizadora en el “Informe anual sobre las cuentas del sector público local”.
Asimismo, el Consejo de Cuentas advierte de la posibilidad de plantear al Tribunal de Cuentas el inicio del procedimiento para la aplicación de multas coercitivas en los casos de incumplimientos reiterados de esta obligación legal.
Un total de 1.478 de los 2.248 ayuntamientos de la Comunidad ha rendido la cuenta general del ejercicio 2018 dentro del plazo legalmente establecido, que finalizó el pasado 31 de octubre. El resultado supone un porcentaje del 65,7% de los municipios de Castilla y León, lo que representa un descenso de 5,4 puntos respecto al ejercicio precedente.
De los 770 ayuntamientos que no han rendido en plazo la cuenta del pasado año, un total de 34 no han cumplido con la obligación legal en ninguno de los últimos 6 ejercicios, es decir las cuentas correspondientes desde 2013 a 2018. Entre esos 34, hay 13 de la provincia de Zamora.
En relación a las entidades locales menores, han rendido cuentas 1.149 de las 2.219 existentes en la actualidad, lo que representa un 51,8% del total, con un descenso de 9,3 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior.
Sobre la posibilidad de mejorar el cumplimiento de esta obligación legal, el Consejo de Cuentas defiende un paquete de iniciativas que, en lo sustancial, quedaron recogidas en las dos declaraciones suscritas en el ejercicio 2017 por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas. Dichas declaraciones plantean como objetivo principal la adopción de medidas legales encaminadas a reducir y homogeneizar los plazos de rendición de cuentas del sector público, así como para impulsar la rendición de cuentas de las entidades locales.
En este sentido, se plantean medidas como proponer a las Cortes una regulación estable de las multas coercitivas. Una de las novedades que introdujo la Ley 4/2013 de reforma de la organización y el funcionamiento de las Instituciones Propias de Castilla y León, fue la capacidad de imponer multas coercitivas para favorecer la colaboración de las entidades fiscalizadas. No obstante, esta capacidad no ha podido ser ejercida dado que las cuantías de las multas no han sido establecidas en las correspondientes leyes de acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, tal y como es preceptivo. En este sentido, el Consejo de Cuentas considera conveniente, bien su necesaria aprobación en futuras leyes de acompañamiento, bien una modificación de la Ley 4/2013.
De igual manera, se plantea el impulso de medidas legales tendentes a condicionar el pago de subvenciones y trasferencias a la efectiva rendición de cuentas. A este respecto, conviene tener en consideración la comparación de los niveles de rendición de los ayuntamientos por comunidades autónomas, donde se pone de manifiesto que los mejores indicadores se corresponden con aquellas comunidades que han adoptado medidas de esta naturaleza.
Los ayuntamientos zamoranos que no han rendido cuentas en los últimos seis ejercicios son:
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