La Plataforma Zamora Viva, en relación al Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, aprobado por la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, y en lo que respecta a la abreviación de los procedimientos de autorización de los proyectos de energías renovables, advierte que gran parte de las restricciones descritas, como es la prohibición de instalar este tipo de macroproyectos en la Red de Áreas Naturales Protegidas del Patrimonio Natural de Castilla y León, ya existían de facto, teniendo en cuenta las características de estos terrenos protegidos, por lo que más bien “parece una cortina de humo que esconde las intenciones reales del decreto, que no son otras que agilizar de tal modo la aprobación de los proyectos que no sea posible la contestación ciudadana, es decir, la anulación del derecho constitucional a presentar objeciones por parte de la ciudadanía”.
Así mismo, desde la plataforma resaltan que es discutible que “el interés general que parece sustentar este Decreto no esté chocando de lleno con otros intereses generales como es el propio de la conservación del Medio Ambiente o el desarrollo de la agricultura. El Decreto solo regula zonas de regadío, pero deja en manos de las empresas eléctricas valiosas zonas agrícolas de secano, como por ejemplo los viñedos de la comarca de Toro”.
Entrando en otros detalles, Zamora Viva señala que hay que constatar que “en muchos de los proyectos pendientes de aprobación, la afección a zonas protegidas tiene que ver también con la proximidad a las mismas y con los corredores naturales entre distintas zonas protegidas, los cuales en ningún momento están contemplados en el Decreto. Tampoco se menciona en ningún momento la Reserva de la Biosfera que evidentemente perderá sentido con la implantación de estas industrias, ni el bien cultural de los terrenos comunales que, desgraciadamente, están siendo vilipendiados para este fin. Como tampoco parece que se tenga en cuenta el paisaje en ninguno de los aspectos. ¿Es que el paisaje no es el principal motor de otra industria que podría verse muy afectada: el turismo rural?”.
La Plataforma recuerda, además, que los planes de conservación o recuperación de las áreas críticas de las especies protegidas dependen de la propia Junta de Castilla y León y que su inexistencia no puede ser óbice para la instalación de renovables. Si en primer orden no se realizan estos planes, “se estará burlando la ley mediante su falta de realización. Especial atención, por ejemplo, merece el caso del lobo, cuyos territorios han sido gravemente diezmados en el último incendio de Sierra de la Culebra, y que la implantación de renovables en Carballeda o Aliste no hará sino agravar la situación”.
En el caso de zonas arboladas, se pone de manifiesto la propia contradicción del Decreto, pues por una parte se recalca la obligación de agilizar los procedimientos de autorización de aprovechamientos forestales ante la extraordinaria demanda de madera y biomasa, y por otro se impide el desarrollo de estos aprovechamientos en zonas que, una vez ocupadas por renovables, va a ser imposible de llevar a cabo. Además, la Plataforma recuerda que la única manera efectiva para luchar contra la crisis climática no es otra que la transformación de zonas improductivas en bosques para la captura de CO2, justo lo contrario de lo que está ocurriendo con proyectos como el que se pretende llevar en Muelas del Pan.
El Decreto contiene aspectos positivos como la regulación de la industrialización con renovables de zonas de regadío pero no dice nada, precisamente, del abuso de extracción de agua que supondrá la realización de estos proyectos en secano, bien para el mantenimiento de las placas solares, bien para la consecución de “hidrógeno verde”, cuyo paradigma es el megaproyecto estrella situado a poca distancia del monasterio de Moreruela de Tábara.
Precisamente, las distancias contempladas a modo de restricción desde los proyectos a las poblaciones y los bienes culturales, resultan insuficientes, teniendo en cuenta la gravedad de las modificaciones en el paisaje. En este sentido, Zamora Viva pone el foco en que el Decreto vulnera el Convenio Europeo Aarhus sobre el paisaje, al impedir mediante la excusa de la urgencia la inclusión de alegaciones que tengan que ver con esta protección.
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