Aprovechando la diferencia de tipos impositivos entre el producto que adquiría y el que vendía a gasolineras y transportistas, la red llegó a defraudar más de 5,5 millones de euros a la Hacienda Pública por el Impuesto Especial de Hidrocarburos, a lo que se sumaría la defraudación por determinar en el IVA y otros impuestos.
Las investigaciones, iniciadas en 2011 y realizadas de forma conjunta por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han concluido con una actuación combinada en 24 provincias que llevó ayer a la detención de 98 personas, una de ellas en Zamora, como presuntos autores de varios delitos contra la Hacienda Pública, de estafa, falsedad documental y organización criminal, y a la realización de 52 entradas y registros en domicilios de particulares y empresas. En el marco de estas actuaciones se ha procedido a la incautación de 1,2 millones de euros, 331 vehículos y 128 inmuebles.
La trama, compuesta por nueve organizaciones distintas que extendían su actividad por 11 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana), adquiría gasóleo agrícola y de calefacción (‘B’ y ‘C’), bonificados fiscalmente, manipulaba el producto resultante para eliminar las sustancias que permiten diferenciarlo a simple vista del gasóleo ‘A’ y lo mezclaba con otros productos no sujetos al impuesto para abaratar aún más su coste fiscal.
Con esta operativa la trama reducía notablemente sus costes, pese a los posibles perjuicios que se pudieran ocasionar al consumidor, dada la baja calidad del carburante que comercializaba. De igual forma, la trama provocaba un importante perjuicio para otros operadores, afectados por esta competencia desleal.
La macroorganización horizontal estaba formada por organizaciones jerarquizadas y organizadas con mayor o menor autonomía, que alcanzaban a toda la cadena comercial de los hidrocarburos. Así, en la trama intervenían proveedores de hidrocarburos, transportistas, centros clandestinos de transformación y clientes del producto final (estaciones de servicio cómplices y grandes consumidores).
Además, la trama contaba con una serie de sociedades instrumentales y receptores de facturas falsas. Su papel en la macroorganización pasaba por fingir la recepción del gasóleo bonificado, justificando con ello el destino legal que teóricamente daba el proveedor a este gasóleo ‘B’ y ‘C’. en realidad, se trataba de meras entregas falsas, que ocultaban toda la actividad de transformación, adulteración y defraudación paralela que efectuaba la red.
Durante los registros efectuados en naves industriales y domicilios sociales de las empresas investigadas, agentes de la Guardia Civil y los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han tomado muestras del gasóleo que comercializaba la trama y han intervenido gran cantidad de documentación en soporte físico e informático para su análisis, lo que permitirá determinar el grado de participación de las personas implicadas en el fraude.
En la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Illescas (Toledo), la investigación ha estado dirigida por el Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa, apoyado por personal de todas las Comandancias afectadas, así como de la Agrupación de Reserva y Seguridad y del Servicio Cinológico.
Por parte de la Agencia Tributaria, la Oficina Nacional de Inspección e Investigación del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, que inició las investigaciones y el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha, con la colaboración de las Unidades de Auditoria Informática del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
En total, son más de 750 los funcionarios y agentes intervinientes en la fase de explotación de la operación ‘Nehar’ por parte de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil.
