La Audiencia Provincial de Zamora ha acogido este jueves el juicio contra un acusado, el gerente de un local en Puebla de Sanabria, de un delito contra recursos naturales del medio ambiente (ruidos), que ha sido denunciado por el propietario de un alojamiento rural por unas presuntas prácticas a lo largo del tiempo que han llegado a provocar el cierre de este último.
La denuncia viene motivada por unos hechos ocurridos entre los años 2017 y 2021 y el propietario del alojamiento rural, en su declaración, ha detallado que es algo que “venimos padeciendo, no solo yo, también los vecinos” durante años los fines de semana y en verano todos los días, señalando que el propietario del local cierra a las 5, 6 o 7 de la madrugada, pone sirenas de ambulancia a horas intempestivas y han intentado razonar con él sin éxito, así como que los vecinos no denuncian individualmente porque son mayores y tienen miedo.
El denunciante ha relatado, además, que el propietario del bar “pone altavoces en la terraza”, así como que no recoge la misma y los clientes se quedan fuera en las sillas de madrugada, le orinan las puertas, le han roto los cristales… incidiendo en que él “no quería llegar a este punto” y en que la última vez que habló con el propietario del bar le dijo que hace “lo que le sale de los cojones”, concluyendo que debido a esta situación está yendo a un psicólogo y tuvo que cerrar la casa rural ante las quejas de los clientes que concluían en la devolución de los ingresos de las reservas.
Por su parte, el propietario del establecimiento ha admitido que la Guardia Civil se ha personado en el local en varias ocasiones pero no ha habido denuncias, así como que se han realizado mediciones de ruidos y eran todas correctas salvo en una ocasión que se pasaba un poco y se solventó y que los requerimientos que recibió del Ayuntamiento fueron subsanados.
Durante su declaración se ha incidido en si la licencia que posee es de bar musical o disco bar, algo que por el momento no ha quedado claro pero sobre lo que el propietario del bar ha señalado que nadie le ha notificado nunca que no pudiera ejercer la actividad en horario nocturno, y el acusado ha señalado además que ejerce la actividad con las ventanas y la puerta cerradas, incidiendo en que se siente “acosado” por el propietario de la casa rural, así como que hizo una limitación de ruido, si bien ha señalado que “los problemas fuera de mi local ya no son míos” y que nunca ha recibido quejas por parte de los huéspedes de la casa rural, concluyendo que “yo sí puedo llegar a un acuerdo con este señor, él no quiere conmigo” y “yo quiero trabajar, no molestar a nadie”.
Tras ellos, han declarado dos vecinos de la zona, la primera de ellos ha incidido en que vivir allí “es un infierno”, asegurando que ha insonorizado como ha podido su vivienda, así como que le rompían el timbre, por las mañanas aparecían vómitos, otras necesidades o vasos rotos contra las puertas, permaneciendo abierto a veces hasta las 7 o las 8 de la mañana, declarando que debido a una enfermedad que padece y a través del estrés y la ansiedad tuvo que dejar de ir.
Por su parte, otro vecino ha destacado que las molestias por ruidos son “sistemáticas” y a horas “intempestivas” todos los fines de semana, resaltando que se han presentado varios escritos con más vecinos afectados, así como que también tuvo que insonorizar su vivienda porque no dormía por las noches.
Por último, ha declarado un agente de policía local y un perito, si bien el juicio se ha tenido que suspender debido a que no estaba presente la Guardia Civil y el informe realizado es una prueba clave, por lo que se procederá a retomar el mismo en dos semanas.
Cabe señalar que el abogado de la acusación solicita para el propietario del local una pena de 4 años de prisión por un delito contra recursos naturales del medio ambiente (ruidos) con una multa de 24 meses con una cuota diaria de 10 euros, y de responsabilidad civil solicita 61.000 euros por el perjuicio del cierre del alojamiento rural desde 2020 y 13.712 euros por daños morales.
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