La justicia pone fin esta semana a una gran operación contra la pornografía infantil iniciada en Zamora

La operación de la Policía Nacional permitió desmantelar una red de distribución de pornografía infantil

Furgón de Policía en el Juzgado
Furgón de Policía en el Juzgado

El Juzgado de Zamora pone fin esta semana a la operación CUNA que permitió desmantelar una red de distribución de pornografía infantil a través de un grupo de Whatsapp de 300 personas y que dio sus frutos en junio de 2018.

En ese momento, y tras un año de investigaciones, la Policía Nacional identificó al autor de la distribución de un vídeo especialmente duro de abusos sexuales a un menor de corta edad y le arrestaron en una localidad de Zamora.

Este jueves se sentara en el banquillo el acusado para finalizar el caso en el que se detuvo a siete personas, seis de ellos menores de edad, que intercambiaban archivos de extrema dureza a través de Whats App. También se abrieron diligencias contra un menor investigado no detenido y otro inimputable.

La investigación se inició en la ciudad de Zamora cuando un particular denunció que, a través de Whatsapp, se estaba distribuyendo un vídeo especialmente duro de abusos sexuales a un menor de corta edad.

Tras diversas gestiones, los investigadores identificaron al autor de la distribución de ese archivo y le arrestaron en una localidad de Zamora. Las labores de análisis fueron arduas ya que hubo que analizar más de 52.000 mensajes y 16.000 archivos, consiguiendo identificar al resto de investigados. Los agentes detectaron unas 300 personas, muchos de ellos menores de edad, que enviaban y solicitaban archivos o enlaces a otros usuarios del grupo.

Los investigadores adscritos al grupo UFAM de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Zamora, localizaron y detuvieron al administrador del grupo en la provincia de Alicante, donde realizaron el registro de su vivienda y localizaron numerosos archivos de pornografía infantil y terminales telefónicos relacionados con los hechos.

El resto de detenidos e investigados fueron localizados en diferentes puntos del país –Madrid, Sevilla, Murcia, Huesca, Jaén y Mallorca- donde también se intervinieron numerosos terminales telefónicos y dispositivos electrónicos, a través de los que podrían haber tenido acceso a los contenidos ilegales y con los que han distribuido las imágenes.

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