Se queda sin tejado y sin dinero: acusado de estafa un constructor en Zamora

La Audiencia Provincial de Zamora ha acogido este lunes el juicio contra un constructor acusado de estafa después de que cobrase casi 10.000 euros de un contrato de reforma de un tejado y no llegase a efectuar la obra, simplemente demoler el tejado y ‘desaparecer’.

Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022 en un pueblo de Aliste y el afectado, durante su declaración, ha relatado que había efectuado pagos, entre otras cosas, por el proyecto que nunca llegó a ver y por los materiales que tampoco aparecieron, y cuando comenzaron las obras en el mes de julio de 2022 aparecieron dos personas únicamente con una motosierra y “les tuve que decir como funcionaba” por lo que no cree ni que fueran albañiles, dejándoles la escalera y otros utensilios que él poseía, para después de unos días desaparecer dejando el escombro en la vía pública y el tejado siendo un gran agujero.

El afectado ha señalado que inicialmente contactó con una empresa de Salamanca y en primer lugar la relación comenzó con otro hombre trabajador de esa empresa y después ya le dijo que todo con el acusado, señalando que cuando le dijeron que era necesario un proyecto pagó lo correspondiente y cuando le dijo que ya había presentado el proyecto se lo pidió pero nunca llegó a enviárselo y ya cuando preguntó posteriormente en la Diputación le dijeron que no había constancia del mismo, algo similar a lo que le ocurrió con la licencia de obra en el Ayuntamiento de la localidad. El afectado empezó a enviar burofax a la empresa de Salamanca solicitando todos los documentos y se lo devolvían porque en esa dirección no existía esa empresa, y además, en una Notaría comprobó el CIF de la empresa y o existía el mismo.

“Él me dijo que ya tenía el contenedor del escombro, pero lo mismo con las tejas y las vigas y nunca las vi”, ha destacado el afectado, señalando que se paralizó la obra porque desaparecieron y después comenzaron nuevas excusas para retomarla y fue cuando el acusado le envió un nuevo contrato con otra empresa diferente que ya no firmó y ya le dijo que había perdido la confianza. En ese punto, el constructor le propuso devolverle la parte que no había efectuado y, según el afectado, cuando le dijo que sí, que se lo devolviera, este ya echó marcha atrás y nunca se llegó a producir este hecho.

Por su parte, el constructor acusado ha declarado que las dos empresas de los contratos son suyas y funcionan en la actualidad, resaltando que había cogido las tejas pero por falta de espacio las tenía en el almacén, así como que el no lleva la administración de la empresa y fueron trabajadoras suyas las que le dijeron que se habían presentado las licencias, haciendo hincapié en que no se ha intentado “quedar con nada” que no es suyo y le ha enviado al afectado emails para llegar a un acuerdo y devolver la parte que le corresponda. Además, ha señalado que el material lo llevan cuando ya es necesario y en ese momento estaba en el periodo de desmontaje, así como el contenedor de escombro lo solicitan también cuando es necesario, finalizando su intervención pidiendo perdón por el daño que ha podido hacer y queriendo reparar el daño y devolver la parte que no es suya.

La fiscal, tras las declaraciones, ha mantenido su solicitud de pena de prisión de dos años y 9.489 euros de pago de responsabilidad civil, incidiendo en que quedan acreditados los hechos y el acusado fingió la existencia de un propósito de obra para recibir una cantidad de dinero. “Una empresa cuyo CIF no existe, no hemos podido comprobar si existen los trabajadores que dice, no hay ningún teléfono de empresa, nunca se envía un proyecto ni se solicita licencia…”, ha destacado, concluyendo que “nunca tuvo intención de ejecutar la obra ni de terminarla, solo de cobrar dinero que no era suyo”.

Por su parte, el abogado de la acusación ha añadido que el acusado ha efectuado un relato “inverosímil y difícil de creer”, resaltando que tiene varias empresas pero no se sabe lo que hace él en las mismas, todo lo hacen otras personas que no se sabe quienes son, incidiendo además que la estafa ha recaído sobre cosas de primera necesidad, pues era la vivienda en la que iba a habitar el afectado, por lo que solicita una pena de ocho años de prisión y multa de 24 meses, así como 14.500,28 euros por daños y perjuicios de responsabilidad civil.

Por último, el abogado de la defensa ha solicitado que se tenga en cuenta que el acusado ha realizado una confesión de los hechos y que pagaría la responsabilidad civil.

El juicio ha quedado visto para sentencia.