El TSJCyL confirma las condenas por el crimen del Tera: 22 y 17 años de prisión

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado los recursos de apelación presentados contra la sentencia del conocido como crimen del Tera y confirma las condenas de 22 y 17 años de prisión para los dos principales acusados.

De este modo, la Sala de lo Civil y Penal avala el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Zamora tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular en octubre de 2025, que consideró probado que ambos participaron en el asesinato con alevosía de un varón de 70 años.

Los hechos se remontan a diciembre de 2019, cuando el cuerpo sin vida del septuagenario fue localizado en el río Tera, en el paraje conocido como Pozo Muerto, a escasa distancia del Lago de Sanabria. La investigación acreditó que la víctima fue previamente medicada, lo que anuló cualquier posibilidad de defensa antes de ser arrojada al agua, donde falleció por asfixia por sumersión.

El alto tribunal respalda la tesis del jurado y rechaza los argumentos de las defensas, que solicitaban la nulidad de la sentencia. Los magistrados consideran que no existe vulneración de derechos ni errores en la valoración de la prueba, ratificando así la calificación de asesinato con alevosía.

En concreto, la principal acusada ha sido condenada a 22 años de prisión por asesinato con alevosía y para facilitar la comisión de otro delito, mientras que el segundo acusado, conocido como “Mariñeiro”, deberá cumplir 17 años de cárcel por el mismo delito. Ambos deberán indemnizar de forma conjunta a la hija del fallecido con 120.000 euros.

El jurado tuvo en cuenta, entre otros elementos, las pruebas periciales, las huellas halladas en la cinta americana que rodeaba la cabeza de la víctima y el móvil económico, sustentado en conversaciones intervenidas y movimientos bancarios.

Por el contrario, el tercer acusado quedó absuelto al no considerarse acreditada su participación en los hechos.

El caso no se resolvió hasta cuatro años después del crimen, tras una compleja investigación en la que colaboraron la Guardia Civil y la Policía Judiciária de Portugal, que permitió detener en diciembre de 2023 a los tres implicados en territorio portugués.

La sentencia no es firme y aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo.