La Policía Nacional de Zamora seguía sus pasos desde marzo de 2019. Según las investigaciones policiales, un zamorano pasaba sustancias estupefacientes a otro y era este segundo el que vendía en su vivienda, en la calle Traviesa, la droga a terceros.
El 7 de diciembre de 2019, en un operativo de vigilancia ambos zamoranos eran interceptados en la calle Antón de Centenera mientras se iba a proceder un intercambio. Los agentes encontraron en el interior del vehículo, debajo del asiento del copiloto, tres envoltorios de plástico y dentro de un cajón otros cinco envoltorios conteniendo sustancia estupefaciente: 3.626 gramos brutos de anfetaminas, 204 gramos de cocaína, 85,1 gramos brutos de hachís, 1,9 gramos de metanfetamina y 1,53 gramos de MDMA, así mismo se intervinieron en ese momento 6 teléfonos móviles y 815 euros.
Tras eso, los agentes acudían al domicilio de uno de ellos y se incautaban varias sustancias estupefacientes, entre ellas: 428 gramos netos de cannabis, 46,77 gramos netos de anfetaminas,45,1 gramos de MDMA, 10,11 gramos de cocaína y 28,61 gramos de ketamina, así como una báscula de precisión, 2.000 euros en efectivo, cinco paquetes de bolsas de plástico con autocierre y tres cuadernos con anotaciones.
Apenas once días después, la Policía Nacional volvía a interceptar a uno de ellos en una plaza de la capital en la que se encuentra un centro educativo. El varón tenía en su poder 355 euros, así como un envoltorio de plástico conteniendo polvo aterronado blanco, que una vez analizado resultó ser cocaína, con un peso neto de 39,03gramos, con una riqueza de 14,13 %, valorada pericialmente en 719,75 euros.
Tras todo eso, en las últimas horas se conocía que ambos eran condenados como autores de un delito de Tráfico de sustancias estupefacientes, ya definido, a la pena de diez años de prisión, seis años uno y cuatro años otro, accesoria legal de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 200.000 euros, cada uno. Ante esta sentencia cabe apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma en el plazo de diez días siguientes al de su notificación.
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