La Audiencia Provincial de Zamora ha acogido este miércoles el juicio contra un matrimonio acusado de estafa continuada por, presuntamente, contratar varias líneas de teléfono a nombre de otra persona que acabó en un fichero de morosos por el impago de las mismas, por lo que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular solicitan pena de cárcel para ambos.
Los hechos se remontan a años atrás cuando el denunciante descubrió que estaba en un fichero de morosos por unas deudas que no sabía de dónde procedían y tras las investigaciones pertinentes se descubrió que era de unas líneas telefónicas, una fija y dos móviles, que estaban a su nombre.
El denunciante, durante la declaración, ha señalado que por mediación de su hijo vendió un coche a uno de los acusados en Sanabria, puesto que el varón era un compañero de trabajo de su hijo, y él únicamente aportó la documentación. El hijo que procedió a la compra-venta, además, ha incidido en que le dio la documentación de su padre al acusado para que fuera a Tráfico y pudiera realizar la transferencia del vehículo aunque no la hizo y pasado el tiempo la hizo él mismo, haciendo hincapié así mismo en que tenía confianza en el acusado y por eso le dio la documentación de su padre, puesto que de otra forma los hechos no habrían ocurrido así.
De este hecho supuestamente procede el inicio de la estafa puesto que presuntamente los acusados contrataron las líneas de teléfono con los datos que tenían del anterior titular del vehículo, a su nombre, y la dirección de los contratos y el número de cuenta era de ellos mismos, si bien han negado ver cargos de la empresa telefónica devueltos en sus cuentas, así como haber recibido reclamaciones.
El varón acusado ha reconocido que compró el vehículo de este hombre si bien ha negado contratar líneas de teléfono y también haber visto cargos que giraba la empresa telefónica a sus cuentas y que fueron devueltos, además de apuntar que un amigo que vivió en su casa unos meses podría haber sido el responsable, puesto que podría haber accedido a toda esa documentación que tenía en el domicilio.
Por su parte, la mujer acusada ha declarado en la misma línea y ha puntualizado que en la casa en la que venía su domicilio en el contrato de teléfono fijo no había instalada tal línea, reiterando no haber visto ningún cargo en sus cuentas.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal se ha mantenido en su petición de condena considerando que el acusado inicialmente negó conocer y haber adquirido el vehículo, algo que ha reconocido durante el juicio y considera que queda acreditado que ambos acusados llevaron a cabo con mala fe la contratación de las líneas telefónicas después de que el hijo del denunciante le diera la documentación de su padre por confianza, así como que contrataron las líneas telefónicas a nombre del denunciante en cuentas bancarias de los propios acusados y luego eludían el pago. También ha señalado que la tercera persona a la que se han referido que podría haber sido la responsable no ha aparecido hasta el día del juicio como “último esfuerzo para eludir cualquier responsabilidad”.
Por todo ello, la Fiscalía solicita tres años de prisión para el hombre por un delito de estafa y dos años y seis meses de cárcel para la mujer por el mismo delito así como indemnizar conjunta y solidariamente a la empresa telefónica con 1.749,12 euros.
La acusación particular, en la misma línea de la Fiscalía, ha añadido que se produjo un engaño continuado a la compañía y al denunciante, que los acusados residían en el inmueble en el que se contrató la línea fija y los tres domicilios están relacionados con los acusados, así como que se debe aplicar agravante porque se abusó de la confianza del vendedor.
Por ello, la acusación particular solicita para el acusado dos años y seis meses de prisión por un delito de usurpación del estado civil y pena de tres años y seis meses, así como una pena de multa de once meses con cuota diaria de cinco euros por delito de estafa. Por su parte, para la mujer solicita un año de prisión por un delito de usurpación del estado civil y pena de un año, así como una pena de multa de dos meses con cuota diaria de cinco euros por delito de estafa.
Por último, el abogado de la defensa ha solicitado la libre absolución de los acusados ante la inexistencia de pruebas, señalando que la empresa telefónica solo dio el número de cuenta de los contratos y que hay un documento de transmisión del vehículo pero no un contrato de compra-venta, así como que las cuentas son de sus defendidos pero no se ha demostrado si se han hecho cargos o no en esas cuentas. “¿Por qué va a dar una persona un nombre de otra persona y que el cobro lo pasen a sus cuentas bancarias?”, ha concluido.
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