Al presunto agresor se le comunicó esta semana una resolución civil desfavorable.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que la llamada realizada al teléfono de una víctima de violencia de género por quien tiene prohibido comunicarse con ella, aunque no fuera atendida por ésta, constituye un delito de quebrantamiento de condena, siempre que quede registrada y sea posible saber quién la efectuó, ya que la víctima es consciente de la existencia de la llamada perturbadora de su tranquilidad y que amenaza su seguridad.
El portavoz del Gobierno local de Cáceres y concejal de Seguridad Ciudadana, Rafael Mateos, ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante la noticia de que el presunto autor de una agresión sexual el pasado 1 de enero, que fue condenado anteriormente por dos violaciones y cumplió prisión en la cárcel de Topas, está en libertad en la ciudad porque "está vigilado".