El Gobierno, con el objeto de facilitar la expansión del vehículo eléctrico, otorgará la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad -con una potencia superior a 250 kW-, según se recoge en el Real Decreto-ley de medidas para impulsar las energías renovables y favorecer la reactivación económica, aprobada este martes por el Consejo de Ministros.
