Las consejerías de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior y de Fomento y Medio Ambiente han trabajado conjuntamente para ofrecer como nuevo servicio, en colaboración con el Ministerio del Interior, el acceso a las certificaciones de inexistencia de antecedentes penales en aquellos procedimientos administrativos que requieran dicha documentación. Con ello, cualquier persona salvo oposición expresa no tiene la necesidad ni el deber de aportarlo. La Junta de Castilla y León implantó hace doce años la plataforma de intermediación de documentos con otras Administraciones Públicas y hasta este 31 de agosto el volumen de su actividad fue de 12.179.202 documentos intermediados, de un total de 523 procedimientos, lo que ha supuesto en este tiempo un ahorro estimado total para la sociedad de 73.075.212 euros.

El Pleno del Senado debatirá este martes la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para ampliar a 12 meses el plazo tope de las instrucciones de las causas penales. La votación del nuevo texto tendrá lugar un día después y se prevé que salga adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP y Vox.